Por Remo Cornejo Luque
Primero, el gobierno de Daniel Noboa (ADN) decretó una tasa arancelaria del 30% a la importación de productos colombianos —una medida comparada al estilo proteccionista de Trump—, bajo el pretexto de que ese país no controla adecuadamente la producción de drogas. Esta decisión parece buscar justificar el fracaso de su política contra la inseguridad y el narcotráfico. El impacto será negativo para Ecuador, ya que mantiene una balanza comercial deficitaria con Colombia. El gobierno de Petro respondió con medidas similares para algunos productos, poniendo en riesgo unos 200.000 empleos ecuatorianos. El 60% de lo que llega de Colombia son materias primas e insumos esenciales para la producción; por su parte, nuestro país tiene un alto volumen comercial en la industria atunera, la madera, el aceite y el arroz. El país vecino es el primer mercado para el arroz ecuatoriano, y unas 90.000 familias dependen directamente de este comercio.
Segundo, la vicepresidenta Pinto protagonizó un teatro de baja categoría que pretendía mostrar preocupación por el sistema de salud y el acceso de los pacientes a los centros médicos. Sin embargo, el propósito se ha convertido en bumeran: las críticas a su conducta han crecido significativamente en medios y redes sociales, especialmente por no reclamar al Ministerio de Finanzas la entrega del presupuesto que el sector salud necesita urgentemente para mejorar la atención y cubrir sus necesidades básicas.
Tercero, la población muestra mucha molestia por las frecuentes ausencias del presidente del país. Noboa estuvo fuera de Ecuador desde el 1 hasta el 16 de enero; apenas dos días después de su regreso, viajó a Europa, anunciando su retorno para el 25 de enero. Posteriormente el 27 de enero, emprenderá otro viaje a Panamá, donde permanecerá los días 28 y 29. La acumulación de desplazamientos externos genera cuestionamientos sobre la atención que se le está dando a los problemas nacionales prioritarios, como la inseguridad, la economía y la salud.