Asamblea y Noboa: privilegios y robo con leyes

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Por Jaime Chuchuca Serrano

La Ley de Eficiencia Económica de Noboa, casi igual a la de Lasso, obtuvo resultados en el negociado de votos de la Asamblea: el correísmo se ofreció a votar por la Ley, si se salvaba a Glas del juicio por peculado. Al final de cuentas, esta ley beneficia en alrededor de 1400 millones de dólares a los grandes grupos económicos deudores del Estado; casi tres mil millones en total, en donde también se encuentran empresas de lavado narco. De 2005 a 2023, ha habido 7 condonaciones de deudas, cada una por varios cientos de millones de dólares. Este manejo de la política, satisface a las oligarquías y santifica el robo al Estado bajo una ley.

La Ley de Eficiencia Económica aprobada, aplaza hasta el año 2040 los pagos del gobierno al Banco Central, por el uso de las reservas internacionales. Los grandes grupos inmobiliarios y financieros ganarán con la devolución del 5% del IVA y se eximirá de tributos a las empresas turísticas. La reducción al patrono, entre el 50% y el 75%, de sus aportes a la seguridad social por el contrato de personas entre 18 a 29 años, aumenta sus ganancias y desfinancia al IESS; este mecanismo aprobado, es inconstitucional y vulnera los tratados internacionales sobre derechos humanos. Además, se crearon zonas francas con numerosos beneficios tributarios. En resumen, esta ley neoliberal exonera de impuestos y responsabilidades laborales a los grupos económicos privilegiados, además de abrir las puertas a la privatización de la obra pública. Para aprovechar esta mayoría vendepatria, Noboa envío la Ley de Competitividad Energética, con la que se ampliará la privatización de la producción y distribución de energía.

Estos movimientos, del gobierno de Noboa y la Asamblea, se solapan con otros, como la toma de la función judicial y la próxima Consulta; así también, sobre la reforma dejada por Lasso, del artículo 158 de la Constitución, que no reducirá la inseguridad y es simple demagogia. Finalmente, el caso Mestástasis es el paradigma de como toda la institucionalidad, pública y privada, lucra con el narco y, a su vez, cumple con los objetivos geopolíticos de EEUU: un país dependiente, ahogado en corrupción.

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