Por Redacción Opción
La noche del día 17 de marzo fue asesinado Andrés Durazno, en la localidad de Llantahuayco, Provincia del Azuay, deja ocho hijos en la orfandad. Andrés fue defensor del agua, un luchador contra la depredación y las afectaciones a la vida que provocan las grandes mineras, fue una de las voces principales de la resistencia anti minera en Rio Blanco, Mollleturo.
“El asesinato del Defensor de DDHH Andrés Durazno revela también una realidad en todo el país: peligro constante, incluso de perder la vida, en el que operan las y los defensores de derechos y de la naturaleza. En 2018, Andrés y otros pobladores denunciaron a la operadora minera, Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. por persecución y hostigamientos. Este proceso fue archivado. Mientras tanto, una denuncia de funcionarios dela minera contra Andrés Durazno sí permanecía abierta en la Fiscalía General desde 2017. El Estado ecuatoriano le debía especial protección al defensor de derechos Andrés Durazno y no solo no se la dio sino que lo mantenía “bajo investigación”, abusando del derecho penal para criminalizar, perseguir o intimidar la actividad de defensores y líderes”, señala la Alianza d de Organizaciones por los Derechos Humanos.
Señalaron además que” este nuevo hecho de violencia pone en evidencia la creciente conflictividad social en torno a la minería en la zona del proyecto minero Río Blanco, suspendido por orden judicial y frente al cual las autoridades no actúan de manera eficaz. Este contexto es caldo de cultivo para la violencia creciente que amenaza a todas las resistencias al extractivismo”.
El movimiento popular ecuatoriano, las principales organizaciones sociales, sindicales e indígenas, de defensa de los derechos humanos, han condenado este nuevo crimen a un líder campesino anti minero y demandan que las autoridades realicen con celeridad las investigaciones y den con los responsables y han sumado a la demanda que también sean protegidas las personas del entorno familiar de Andrés y miembros de la comunidad que son defensores de los derechos humanos y la naturaleza y han manifestado su oposición a la presencia de las mineras.
Es obligación del Estado ecuatoriano, la promoción, la protección de los derechos de los de las y los defensores de derechos humanos, así como prestar garantías para su labor, el apoyo a las víctimas, la defensa de las personas cuyos derechos y territorios se ven amenazados por las actividades extractivas. Es un hecho que la presencia de las grandes empresas mineras es la causa de la gran conflictividad en los territoritos donde actúan, de la violencia contra las poblaciones a las que contra su voluntad les imponen el extractivismo en sus territorios. La obligación del Estado es eliminar la causa de estos hechos.