Redacción Opción/ ddhh

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), creada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, presentó su informe oficial el día miércoles 17 de marzo, en el que se determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la represión y violaciones de derechos humanos en las protestas antigubernamentales de octubre de 2019, en las se violentaron «gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal», durante las manifestaciones.

En octubre de 2019 se desarrolló el levantamiento indígena y popular en contra de la medidas económicas anunciadas por Lenin Moreno, principalmente la eliminación de los subsidios a los combustibles y otras medidas económicas que en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional querían imponerse, afectando la ya deterioradas condiciones de vida de la mayoría de la población ecuatoriana. Octubre fue estallido de descontento y rechazo a una serie de medidas antipopulares y antinacionales adoptadas.

Tras 11 días de protestas se registró un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo. En las fuerzas de seguridad, 148 policías resultaron con heridas (uno de ellos también perdió un ojo). Además, hubo 42 ambulancias destruidas, se registró la quema de la sede de la Contraloría General del Estado, entre otros daños a infraestructuras.

En el informe, de 272 páginas, la CEVJ indica que, dentro de las presuntas violaciones a los derechos humanos en esas protestas, analizó:

    123 casos de violaciones al derecho a la integridad personal.

    38 violaciones al derecho a la libertad personal, por detenciones ilegales o arbitrarias.

    6 ejecuciones extrajudiciales.

    22 atentados contra el derecho a la vida.

    3 casos de violencia sexual durante detenciones ilegales, por parte de agentes estatales.

    20 lesiones oculares por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, de las cuales 14 personas perdieron un globo ocular y 6 tienen afectada su visión.

    81 personas con afectaciones psicológicas.

    22 presuntos actos de persecución política.

En el informe, esta comisión detalla que recibió 519 testimonios, de los cuales 249 (169 hombres y 80 mujeres) corresponden a casos de vulneraciones de derechos humanos perpetrados por agentes estatales. También hay acciones violentas de los manifestantes en contra de agentes del Estado, periodistas, civiles y contra bienes públicos y privados.

De estos 249 casos, dice el documento, 189 fueron cometidos por parte de personal de la Policía Nacional y 34 por agentes de las Fuerzas Armadas. También se identificó que 26 personas de entidades públicas, incluyendo a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE), no habrían actuado conforme a sus competencias.

Respecto a los 123 testimonios de violaciones al derecho a la integridad personal, la comisión indica que incluyen casos de lesiones en general, lesiones oculares, fracturas, traumatismos, así como vulneraciones que pueden ser consideradas torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y crímenes comunes. Al menos 28 personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria fueron afectadas: 9 adultos mayores, 1 mujer embarazada, 12 menores de edad y 6 ciudadanos con discapacidad.

El discurso del gobierno

En el informe, la CEVJ señala que durante los días de las protestas, el discurso de las autoridades del Gobierno, presidido por Lenin Moreno, «posicionó una interpretación parcial de la realidad». Los funcionarios gubernamentales pusieron énfasis «en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países» con lo cual justificaban la represión y “…actos reprochables contra las y los manifestantes», incluyendo el ataque a zonas de paz en instalaciones universitarias, donde se refugiaban en horas de la noche, principalmente, mujeres y niños que también participaban en las protestas.

«Esta posición oficial buscaba deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones coyunturales y estructurales en la mayoría de actores movilizados», enfatiza el informe de la CEVJ.

Deslegitimar el informe, es un recurso que usa el gobierno para pretender dejar en la impunidad las graves violaciones a os Derechos Humanos, esto no se puede permitir,  señaló Paul Jácome, director del Colectivo de Derechos Humanos Kinti Ñan.

La comisión señala que todo lo expuesto en su documento deberá ser investigado penalmente por la FGE y que corresponderá a los operadores de justicia determinar la verdad judicial de estos hechos, a fin de establecer las responsabilidades de los agentes estatales y de civiles que cometieron presuntos delitos.

La CEVJ considera que las autoridades judiciales deben poner énfasis «en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de ataque generalizado contra la población y que conduzcan al análisis de un posible crimen de lesa humanidad».