Por José Díaz
Al martes 29 de noviembre de 2022, el gobierno de Lasso firmó el Decreto Ejecutivo que convoca a referéndum, pero lleva más de dos meses trabajando con un equipo de jóvenes burócratas dirigidos por Aparicio Caicedo para hacer proselitismo político dentro de universidades, colegios, gremios, barrios, calles y redes sociales, es decir, funcionarios del estado cuyos sueldos son pagados con dineros del pueblo, pero están dedicados a hacer opinión y campaña política a nombre de la “ciudadanía”. A esto se suman las decenas de miles de dólares gastados en publicidad de redes sociales, material impreso, así como uniformes, pago de “voluntarios” y otras ilegalidades más para disfrazar esta consulta como “iniciativa ciudadana”.
La organización política “Consulta Ciudadana Ec” desde septiembre de éste año es la promotora del referéndum, en Facebook e Instagram por ejemplo hasta el 29-11-2022 ha gastado $ 36,064 en 110 Anuncios, los costos de Google ads, imprenta, diseño gráfico y demás materiales publicitarios no son públicos pero seguro serán cifras altas como ésta, además, con presencia de equipos que recorren las calles de TODAS las provincias del país, todo esto dirigido por Caicedo, así como los autodenominados “voceros” Karen Sichel, Mario Gallegos y Amalia Fernández, que a su vez son asesores de la Presidencia de la República del Ecuador quienes trabajan en conjunto con gobernadores y otros espacios de gobierno quienes facilitan actos masivos en los que también participan.
En complicidad de varias autoridades, estudiantes y docentes han sido obligados a participar en ésta campaña proselitista en el Instituto tecnológico bolivariano, Universidad Estatal de Quevedo, del Río, de los Hemisferios, Iberoamericana, San Gregorio. En todas estás instituciones, al menos los asistentes eran mayores de edad, pero no en la Unidad Educativa 17 de Julio en Imbabura, donde el asesor Gallegos dijo haber sido invitado por la misma institución a exponer sobre el sí en la consulta y que dicho evento habría sido una iniciativa de la misma institución. Todo esto contraviene el mismo circular del gobierno MINEDUC-SIEBV-2022-00008-C del 10 de octubre de 2022 dónde prohíben “la realización de cualquier tipo de actividad de proselitismo político, búsqueda de adeptos para organizaciones o gremios”, que tenía por finalidad evitar el funcionamiento de los gremios cómo la FESE y UNE, violando el derecho a la libertad de expresión y asociación señalados en la Constitución y últimas reformas a la Ley de Educación, pero en este caso, como es para el gobierno, se limpian con sus mismos órdenes.
En sus charlas dictadas en universidades, la asesora Fernández suele increpar a los asistentes con “¡El que ama a su país, levante la mano!”, luego recalca que “la Consulta recoge soluciones para atender las principales demandas de la ciudadanía: no responde a intereses políticos o del gobierno”, que ella sea representante del gobierno, financiada por el gobierno, que presenta sus argumentos como expresiones de la ciudadanía. Si así han actuado antes de hacer oficial la consulta, ¿cómo será ahora que ya está firmado en Decreto Ejecutivo?
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