Redacción Opción
En una carta pública de la Unión Nacional de Educadores -E, suscrita por su presidenta, Isabel Vargas Torres, los maestros y maestras sustentan con argumentos y cifras que hay recursos suficientes para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, que le obliga al Ejecutivo a cumplir con los derechos de los profesores del país. A continuación, la carta:
Vemos con preocupación, cómo el “Informe Técnico de Factibilidad Financiera Sobre la Propuesta de Alza Salarial de Docentes del Sistema Nacional de Educación”, enviado mediante oficio Nro. MEF-MINFIN -2020-0072-O, con fecha 11 de febrero de 2022 y firmado por el Dr. Simón Cueva Armijos, ministro de Economía y Finanzas, evade lo que señala la sentencia de la Corte Constitucional No. 32-21-IN/2 que declaró la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la LOEI, y determinó que los informes de factibilidad económica, deben estar ajustados a los parámetros establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional. La resolución, en el fondo, ubica a la educación como un derecho fundamental, parte de cuyo derecho es el anhelo de mejorar las condiciones laborales de los docentes. El informe de Finanzas determina que el impacto presupuestario para cumplir con las categorías escalonarías, es de USD 2.175 millones.
Esta cifra no corresponde a la realidad, datos oficiales del Ministerio de Educación, para el rubro de sueldos, señala que se cuenta con un presupuesto aproximado de USD 2.065.360.378,80, y el impacto por concepto de equiparación salarial, que determina que los docentes estamos demandando es de aproximadamente USD 560 millones, tal cual como informó el Ministerio de Finanzas, en la mesa técnica realizada por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, el 16 de octubre del 2020; mientras organismo como el Observatorio del Gasto Publico, llegan a colegir que el impacto sería de aproximadamente USD 340 millones.
El informe presenta cifras manipuladas que proyectan montos superiores, de seguro, con el propósito de buscar evadir su responsabilidad. Señala que, de llegarse a cumplir con las nuevas categorías escalafonarías, se “afectaría al gasto fiscal”; mientras que a la Policía Nacional a través de la Resolución MDT 2022 –002, se incrementó sin reparo alguno el sueldo de generales y oficiales, en montos superiores a cinco mil dólares.
Presidente, los profesores no tenemos la obligación de encontrar cómo financiar, eso es responsabilidad del Gobierno. Ya se conocía que para este año se debía resolver lo de la equiparación salarial, sin embargo, desde meses atrás vamos presentando varias alternativas a diversas carteras de Estado. Estamos haciendo lo que le corresponde al régimen.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), la recaudación neta por concepto de impuestos del año 2021 fue de USD12.794 millones en tanto que, en el 2020 fue de USD 11.526 millones, es decir hay un aumento de la recaudación por USD 1.267 millones que representa el 9,91% de incremento, la proyección de la recaudación para el año 2022 es de USD 14.773, es decir, un incremento de USD 1.979 millones de dólares como fuente de financiamiento. El informe de Finanzas tampoco toma en cuenta lo que su Gobierno va a recaudar por concepto de la reforma tributaria que asciende a 700 millones de dólares o la venta del barril de petróleo a más de 90 dólares. Le recordamos que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, establece el Fondo de Estabilización, precisamente para cumplir con educación y salud en el caso de contar con ingresos que superen lo contemplado y aprobado en el PGE.
Sí existen recursos económicos y salidas jurídicas para cumplir con la equiparación salarial que ha sido negada por más de 8 años a los maestros/as y, a lo cual, su ministro llama “alza de sueldos”, seguramente por desconocimiento de la norma o por buscar generar conflictividad entre el Magisterio y la sociedad ecuatoriana. Lo que no existe es voluntad política por parte de su Gobierno, pues, el informe constituye una afrenta a la educación pública y una provocación al Magisterio, el cual no ha olvidado que, el 29 de marzo del 2021, en un encuentro con sectores de la educación en tiempos de campaña electoral, usted señalo: “Vamos a revisar su salario, para que reciban su salario total…” ¡Ya está en Carondelet, cumpla con su palabra!
En sus manos está que los docentes no levantemos acciones de movilización, donde su gobierno será el único responsable de lo que pueda suceder. Demandamos rectificar el informe técnico y, al tenor de lo que señala la sentencia de la Corte Constitucional No. 32-21-IN/2, se coordine con la Asamblea Nacional fuentes de financiamiento que permitan respetar y materializar los derechos ganados por el Magisterio
