Por Redacción Opción

Mesías Tatamuez, presidente del FUT, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular y Paúl Jácome del Colectivo de Derechos Humanos, encabezaron una delegación que visitó al defensor del Pueblo, Fredy Carrión. En la reunión hicieron la entrega del informe del FUT sobre violaciones a los derechos humanos producidos durante el levantamiento indígena y popular del octubre pasado y plantearon el cese de la persecución a los líderes sociales que participaron en el paro.

Paul Jácome,  del Colectivo de Derechos Humanos Kinti Ñan, señaló el Informe de la Defensoría del Pueblo, sobre octubre,  debe tener el respaldo de las organizaciones sociales y de los organismos de derechos humanos comprometidos  con la defensa del uso legítimo de la protesta social, sería un hecho grave que se pretenda tumbar el informe de la Defensoría del Pueblo, porque esto constituiría un grave hecho de impunidad de parte del Estado frente a los muertos y heridos que el gobierno se niega a reconocer y a cumplir con la reparación integral de las víctimas,  señaló.

Por su parte Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, señaló  que la CIDH establece que es necesario, para volver a la paz, frenar el hostigamiento a las y los dirigentes sociales y populares por lo que solicitó  dejar insubsistentes las medidas interpuestas en contra de Mesías Tatamuez, presidente de turno del FUT. Los dirigentes sindicales exigieron al Gobierno que termine con la persecución y que se archiven las causas contra sus dirigentes.

Tatamuez dijo que es responsabilidad del Estado aclarar lo relacionado con las víctimas que fallecieron en el contexto de las protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles y respaldó el Informe de la Defensoría

Al respecto, el Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión Intriago, expresó su apoyo a los trabajadores y manifestó que la Defensoría del Pueblo estará vigilante de los procesos judiciales en contra de dirigentes sociales e instó al Gobierno a culminar con la persecución contra dirigentes sociales ecuatorianos, y exigió a las autoridades a reconocer las vulneraciones de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza,  ocurridas durante el levantamiento de octubre.  Añadió  que «El Estado no debe criminalizar la protesta social, esta es una recomendación realizada también por la Comisión Interamericana de DDHH. Se debe garantizar integridad, trabajo y libre ejercicio de asociación»; además señaló que  «Es hora de que el Estado asuma las responsabilidades de lo sucedido en octubre de 2019. Es necesario informar sobre las acciones de reparación a las víctimas y familiares

El Defensor del Pueblo,  hizo un llamado al Gobierno y a las entidades de justicia para «parar el hostigamiento» a los líderes del paro de octubre del 2019. Carrión también dijo que las personas que incurrieron en actos violentos o “delincuenciales” deben ser investigadas, finalizó