Por Francisco Escandón Guevara
América Latina sufre una crisis múltiple que rebasa los límites temporales de la propagación del coronavirus. En realidad, el covid profundizó la crítica situación de la región que mucho antes advertía decrecimiento económico, inestabilidad política y conflictividad social.
Luego de un ciclo de bonanza, mal administrada, por los altos precios de las materias primas, los gobiernos de la región, mayoritariamente neoliberales, asumieron las exigencias del Fondo Monetario Internacional para solucionar los problemas de cada país. Contrario a las promesas, esas políticas de ajuste estandarizadas precarizaron la vida de las clases trabajadoras y concentraron más riqueza en beneficio de las élites.
Colombia no es la excepción, las decisiones asumidas por cada administración la han convertido en el país más inequitativo de Latinoamérica, los reiterados paquetazos decretados por Iván Duque cumplen con esa lógica fondomonetarista.
En este año, la punta de lanza, para reducir el déficit fiscal, fue la ley tributaria que proponía gravar IVA del 19% a los productos de la canasta básica familiar, impuesto a la renta a los asalariados desde USD. 675 mensuales y tasas diferenciadas al consumo de gasolinas, luz eléctrica y gas. Otras reformas: la laboral aún pretende flexibilizar la contratación y el pago de salarios menores al mínimo vital; la de salud, una fiel copia del sistema norteamericano, alienta la privatización del servicio; la de pensiones reduce las mensualidades de los jubilados, etc.
Ese paquetazo desencadenó el rechazo generalizado en Colombia y la protesta masiva no se detiene a pesar de que la reforma tributaria fue retirada del trámite legislativo. La lucha popular es la calificación de las protestas acumuladas en los años precedentes que trascienden hacia posturas políticas, pues cuestionan la violencia represiva del Estado y demandan la renuncia de Duque.
El Paro Nacional amenaza el status quo oligárquico, por eso la represión es brutal: hay ciudades militarizadas, decenas de asesinados y mutilados, cientos de desaparecidos y torturados, casos de violencia sexual, etc. Tanto le temen al pueblo movilizado que, el propio Álvaro Uribe Vélez, el poder tras el poder, exige el libre uso de armas letales para castigar a los manifestantes y hasta descalifica a los organismos internacionales que rechazan la violación estatal de derechos humanos.
Las élites tiemblan, el pueblo se levanta.
