Redacción Opcion/rv

El día  12 de octubre, los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador , se reunieron en el emblemático parque de El Arbolito (centro de Quito), en el que anunciaron las acciones legales que emprenden contra de las principales autoridades del Gobierno, debido a lo que calificaron como falta de investigación sobre las víctimas del paro de 2019.

El 4 de octubre, la CONAIE declaró al mes de octubre como el “mes de la resistencia indígena y popular” y además expresaron: «No quedará impune la política de violencia, represión, intimidación, persecución y criminalización con la que actuó el gobierno de Lenín Moreno y el abuso de autoridad ordenando la represión atroz sobre el pueblo, con responsabilidad directa de los ministros de Gobierno, María Paula Romo; y Defensa, Oswaldo Jarrín, por cometer delitos de lesa humanidad contra indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes, mujeres, niños y mayores”

Efectivamente, el pueblo de Quito y del país, en el mes de octubre fueron testigos de la violenta y brutal represión del Estado que dejó mutilados, personas sin ojos y muertos durante los diez días (3 al -13 de octubre 2019) que duró la protesta hasta la derogatoria del decreto 883, que elevaba el precio de los combustibles.

El doctor Carlos Poveda, abogado de la Asociación de Víctimas del Paro Nacional ‘Inocencio Tucumbi’, señaló que la demanda es contra el presidente de la República, Lenín Moreno; la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el contralor, Pablo Celi; y al comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, por crímenes de lesa humanidad…“Porque hubo un ataque a la población civil (…), persiguieron a la gente a los dirigentes indígenas, hicieron una tergiversación de la verdad”, señaló

Estas declaraciones las realizó en medio de  una ceremonia ancestral que recordó a las 11 víctimas mortales y los más de 300 heridos que, según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, no han sido investigados y sus responsables se mantienen en la impunidad.

Pasado el mediodía los dirigentes y varias asociaciones indígenas llegaron hasta la Fiscalía General del Estado (FGE), donde presentaron formalmente la denuncia. “Estamos aquí para decirle al Ecuador que la lucha continúa”, agregó Vargas.

Las autoridades de Gobierno no se han pronunciado sobre la denuncia. El delito de lesa humanidad está tipificado en el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado una reparación integral de las víctimas y, al igual que la organización Amnistía Internacional, señaló que hubo uso excesivo de la fuerza, en los acontecimientos de octubre.

Un poco un grupo de indígenas y de activistas sociales se dirigieron hasta la avenida 12 de octubre donde  se encuentra una estatua a Isabel La Católica, ahí se realizaron expresiones de rechazo a la existencia de esos símbolos que perpetúan el pasado colonial. Esta manifestación fue reprimida por las fuerzas policiales y los medios de comunicación empresariales volvieron a cargar con expresiones discriminatorias y racistas. El Municipio de Quito anuncio la presentación de una denuncia por daño a bienes públicos. RV.