Por Jaime Chuchuca Serrano
Las mafias intermedian diferentes actividades económicas, y la relación con el Estado se expresa en todas las áreas: políticas, jurídicas, sociales. El Caso Purga, al igual que el Caso Metástasis, tiene como centro la función judicial y varios personajes políticos, en relación directa con imputados por narcotráfico del Clan Norero. Aquí hay que distinguir que los últimos Estados de Excepción, han sido dispuestos para el conflicto interno y bandas “terroristas”, sin embargo, en Ecuador existen mafias de décadas, Carteles de la Corrupción.
El Caso Purga investiga la trama de corrupción y narcotráfico, en esta delincuencia organizada se identifica como cabecillas a Pablo Muentes (ex asambleísta por el PSC), Fabiola Gallardo (ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas) y Johan Marfetán (Juez), así como una decena de jueces y ex jueces. También se encuentra procesada la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano. No obstante, al igual que el Caso Metástasis, hay una clara dirección política, por incluir a parte de la mafia y excluir a otra. Los socialcristianos tienen una larga trayectoria en el manejo de la justicia del país, a través de los repartos con los distintos gobiernos; su relación con la justicia incluye las fuerzas armadas y tanques de guerra que el gobierno de Febres Cordero dirigió contra las Cortes en 1984. Por ejemplo, es notable como no se vinculó desde el inicio a María Josefa Coronel (del grupo Teleamazonas) aunque fue presidenta de la judicatura del Guayas; se salvan funcionarios del gobierno de Moreno y Lasso; los abogados defensores de Muentes, que lograron una sentencia de Reinaldo Cevallos por 3,9 millones de dólares contra el Banco del Pacífico.
La formación de los Casos, son simples delimitaciones metodológicas, y están repletas de arbitrariedades. Un ejemplo claro es como el Caso Encuentro trató de librar de responsabilidades al gobierno de Lasso, mientras que el Caso León de Troya y Gran Padrino (periodístico) lo vinculaba directamente con la mafia albanesa. Está claro, que la fiscalía tiene el poder sobre los procesos. En 2018 y 2020, Leandro Norero fue declarado inocente de narcotráfico por un Tribunal de El Oro, y todos callaron: gobiernos, fiscales y medios. Para actuar con justicia, en estos momentos no hacen falta solo purgas, sino cirugías a corazón abierto en toda la función judicial, incluyendo órganos autónomos, auxiliares, y otras instituciones.