Redacción Opción
En un comunicado dirigido al señor César Marcel Córdova Valverde Defensor del Pueblo del Ecuador, la doctora Doris Jiménez Viana, presidenta Consejo Nacional de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza del Ecuador, le solicita un “Pronunciamiento y activación urgente del Mecanismo de Prevención — Alerta emergente: Provincia de Imbabura”
En las consideraciones la presidenta del Consejo Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza del Ecuador, que representa además a los defensores y defensoras de la sociedad civil, expone los “hechos graves que requieren una actuación inmediata de la Defensoría del Pueblo” Y enumera:
- Hechos constatados
En el contexto del paro nacional de septiembre de 2025, se registró en la provincia de Imbabura la muerte del comunero kichwa Efraín Fuerez, ocurrida en enfrentamientos en la vía Panamericana Norte, sector de Pinsaquí–Cotacachi, tras el accionar de la fuerza pública. Este hecho constituye una afectación directa al derecho a la vida y debe ser investigado con celeridad, transparencia y garantías de independencia.
Se desplegaron contingentes militares y policiales en comunidades indígenas y rurales de Imbabura, con denuncias de ingresos a domicilios, operativos con vehículos blindados y uso de armamento en zonas pobladas. Estas acciones generan un clima de militarización incompatible con los principios constitucionales de proporcionalidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza.
En el cantón Otavalo, se produjeron 12 detenciones tras los hechos ocurridos en el Comando de Policía. Estas personas fueron procesadas por terrorismo y trasladadas en helicóptero militar a centros penitenciarios en Esmeraldas y al Centro de Rehabilitación Social El Rodeo de Portoviejo, sin garantías mínimas de cercanía familiar ni condiciones adecuadas.
Entre los detenidos se encuentran personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo:
Un detenido con epilepsia, que requiere tratamiento médico continuo.
Otro con discapacidad física del 50 %, cuya condición demanda un trato diferenciado.
Según denuncias públicas, no han recibido atención médica suficiente ni un abordaje acorde a sus necesidades.
Familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado incomunicación, tratos degradantes y traslados ilegales, lo que agrava la indefensión de las personas privadas de libertad y vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la integridad personal y el acceso a la salud.
II. Fundamento institucional
La Defensoría del Pueblo, como órgano nacional de protección de derechos, tiene el deber de prevenir violaciones, actuar frente a riesgos graves y garantizar la tutela de derechos humanos y de la naturaleza. La situación descrita configura una alerta emergente, por lo que la inacción institucional podría consolidar un escenario de vulneraciones irreversibles.
III. Peticiones concretas
Por lo expuesto, solicito:
- Pronunciamiento público inmediato condenando la muerte de Efraín Fuerez, las detenciones arbitrarias y los traslados ilegales, exhortando a la Fiscalía y autoridades competentes a investigaciones imparciales.
- Activación urgente del Mecanismo de Prevención de la Tutela de Derechos y de Desaparecidos, con desplazamiento a: Comunidades de Imbabura afectadas por el ingreso militar. Centros penitenciarios donde se encuentran los detenidos, en especial el CRS El Rodeo de Portoviejo. Dicho mecanismo deberá levantar información documentada, entrevistar a las personas privadas de libertad, constatar su estado de salud y verificar el cumplimiento de garantías procesales.
- Declarar a Imbabura como provincia en situación de alerta emergente en materia de derechos humanos, priorizando recursos y medidas de protección.
- Exigir a las instituciones responsables (Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, SNAI y Fiscalía General del Estado) el cese inmediato de prácticas que vulneren la Constitución y los estándares internacionales, y la garantía de atención médica inmediata para las personas con condiciones de salud vulnerables.
IV. Disposición de cooperación
El Consejo Nacional de Defensores y defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza del Ecuador manifiesta su disposición a colaborar en el acompañamiento a víctimas, familias y comunidades, y en el suministro de información para fortalecer las acciones de la Defensoría.
V. Petición final
La magnitud de los hechos relatados —una muerte confirmada, militarización de comunidades, detenciones con vulneración de garantías y riesgos de salud no atendidos— exige una respuesta firme e inmediata de la Defensoría del Pueblo. Se reitera la solicitud de pronunciamiento público, el despliegue del Mecanismo de Prevención y la declaratoria de alerta emergente en Imbabura.