Por Asfadec

Del 1 al 31 de enero de 2022 se registraron aproximadamente 600 denuncias de desaparición de personas a escala nacional. Guayas y Pichincha encabezan la lista con el mayor índice de desaparición.

Según el Ministerio de Gobierno, solo en enero de 2022 se registraron 598 denuncias de desaparición de personas. De ellas, 511 fueron localizadas y 87 aún se encuentran desaparecidas, y sus casos se encuentran en investigación previa. Así lo registra la entidad en su reporte publicado este 21 de febrero.

Para la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) este reporte estadístico evidencia que la desaparición de personas ha aumentado en el país, ya que 87 personas desaparecieron en un mes, es decir, que en promedio dos o tres personas han sido desaparecidas cada día.  Esta cifra se duplica en relación al año anterior donde el promedio era una persona.

Con las cifras expuestas cabe cuestionar si en realidad las autoridades estatales están cumpliendo con sus competencias y previniendo las desapariciones en Ecuador. La Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, en su artículo 61, nos señala uno de los ejes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas en el Ecuador es la prevención:

“Estará dirigido a sensibilizar, concientizar, prevenir y enfrentar las causas que originan la desaparición o extravío de personas (…)”.

Las provincias con mayor índice de desaparición se mantienen en los dos primeros puestos Guayas con el 21% y Pichincha con el 16%. Le sigue Azuay con el 8%, Santo Domingo de los Tsáchilas con el 7% y Manabí con el 6%.

Personas localizadas

De las 598 denuncias de desaparición registradas en enero, 511 personas fueron localizadas. El Ministerio de Gobierno reporta los siguientes motivos de su desaparición:

¿Dónde están?

Fausto Montufar Ramos, de 76 años, es una de las 87 personas que aún siguen desaparecidas. Don Fausto fue visto por última vez el 12 de enero de 2022, a las 10 am, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Él tiene Alzheimer.

Jennifer Katherine Quimbiulco García, de 28 años, desapareció el 8 de enero de 2022, en el terminal de Carcelén, norte de la ciudad de Quito, provincia Pichincha.

Segundo Manuel Shañay, de 71 años, desapareció el 15 de enero en Tambillo, cantón Mejía, provincia de Pichincha.

A esta lista se suman las centenas de nombres de personas desaparecidas desde la década de los 90, que día a día los seguimos buscando y sus casos están en investigación previa, dice Lidia Rueda, presidenta de Asfadec.

Casi la totalidad de casos de personas desaparecidas se encuentran en investigación previa a pesar de años de investigación.  Fiscalía no ha logrado obtener elementos necesarios para realizar una imputación a la o el presunto responsable, aún menos certeza de donde podríamos localizar a la persona desaparecida.

El artículo 585, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), nos señala en su numeral 3:

“En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente, fecha desde la cual empezarán los plazos de prescripción”.

Más de la mitad de desapariciones son de mujeres

De las 87 desapariciones que aún siguen en investigación, el 62.1% son mujeres y el 37.9% hombres. El 64% son de niñas, niños y adolescentes, el 31% de personas adultas y el 5% de adultas mayores.

La desaparición de niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores es una forma de violencia contra la mujer. Ecuador ha adoptado varios instrumentos para enfrentar esta problemática como la      Convención Belém do Pará, instrumento internacional para prevención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer. A nivel interno existe la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que en su artículo 6 señala:

“El Estado es responsable de garantizar el derecho de las mujeres: niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres mayores, a una vida libre de violencia (…)”.

Sin embargo, la normativa existente es insuficiente, ya que los derechos de las mujeres se siguen vulnerando tanto cuando es víctima directa e indirecta de desaparición, es decir, al momento de exigir verdad y justicia para sus seres queridos desaparecidos.