Por Francisco Escandón Guevara
El envío del proyecto de Ley económico urgente a la Asamblea Nacional, propuesto por el recientemente posesionado Daniel Noboa, reinauguró una vieja polémica que enfrenta a defensores de incentivos y de subsidios.
Mientras las masas empobrecidas pugnan por la sostenibilidad de los subsidios existentes que en algo remiendan la inequidad social del país, las élites reclaman la reducción, incluso la eliminación, de estos responsabilizándolos de la crisis fiscal y, además, exigen nuevos incentivos productivos y tributarios para reactivar la economía y generar empleo.
Lejos de resolver la desocupación y el crecimiento económico equitativo, los beneficiarios de las políticas públicas continúan siendo las transnacionales y los grandes grupos económicos que acrecentaron sus fortunas. En los últimos quince años, cuatro veces se les perdonó millonarias deudas tributarias; en varias leyes, a cambio de inversiones, se les permitió precarizar el empleo y reducir impuestos e incluso lograron una tarifa de energía diferenciada de solo cinco centavos el kilovatio/hora, muy por debajo de lo que paga cualquier otro usuario.
Algunas de esas viejas fórmulas repetidas en los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso están copiadas en la propuesta de Ley presentada por el hijo del magnate bananero: se insiste en una nueva remisión de intereses, multas y recargos a los deudores, se plantea otra ampliación de exenciones tributarias a inversionistas, se ofrece subvenciones en zonas francas y se propone la reducción del IVA al 5% para proyectos inmobiliarios.
La urgencia por incrementar ingresos fiscales no oculta el conflicto de intereses en la propuesta presidencial, parece una legislación a la carta, hecha a la medida de los emporios vinculados al novel mandatario. De ser aprobado el proyecto de Ley, el grupo Noboa podría evitar el pago de 58 millones de dólares que adeuda al Estado y el holding Nobis, de propiedad de Isabel Noboa de Pontón, sería beneficiada de la reducción de impuestos, pues una de sus principales actividades económicas es la construcción de megaproyectos inmobiliarios.
Es evidente el doble discurso de las élites. Para ellos es paternalismo cuando unas migajas de recursos públicos se destinan a los pobres, pero es justificable la intervención del Estado para acudir a su salvación en momentos de crisis o para ordeñar de la riqueza socialmente producida una mayor acumulación de capital. Vaya doble moral.