Por Karina Guerra Flores*
Ecuador enfrenta una situación sin precedentes en la historia nacional, el despliegue desmedido y descontrolado de fuerzas represivas del Estado en contra de las poblaciones, organizaciones sociales, líderes comunitarios y medios de comunicación especialmente alternativos, poniendo en peligro la supervivencia del régimen democrático.
La convocatoria del 15 de septiembre a movilización indefinida por parte de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) ha ido en escalada siendo la provincia de Imbabura el epicentro de la resistencia. El desencadenante fue el Decreto 126 sobre la eliminación del subsidio al diésel y a la aprobación del proyecto minero Loma Larga, situado cerca de la reserva hídrica de Quimsacocha, en la provincia de Azuay, pero no fueron la única razón, la pobreza, el hambre, la falta de empleo, de servicios de salud y educación, la migración, la criminalidad y los homicidios agudizaron la crisis social.
Como antaño hombres, mujeres e incluso niños de a pie en las calles, intentando cerrar carreteras para presionar al gobierno, protestando contra la injusticia, la falta de oportunidades, con la bandera de Ecuador en sus manos, con palos y piedras para defenderse. Pero esta vez la historia es diferente, tanques, armas con balas y perdigones, bombas lacrimógenas, militares pateando, golpeando, matando.
En lo que lleva el paro nacional un mes, el gobierno de Daniel Noboa ha movilizado más de 7 mil militares y policías especialmente en la provincia de Imbabura. Nadie olvidará la muerte del comunero indígena Efraín Fueres en Cotacachi el 28 de septiembre, aquellas imágenes en que los militares le disparan y cae abatido, es pateado junto a su amigo que se niega a dejarlo solo. Como tampoco se puede olvidar el pecho sangrante por herida de bala del joven José Guamán, el 14 de octubre, tras el arribo de un supuesto convoy “humanitario”.
De todo esto ha quedado un registro audiovisual muchas veces realizado con teléfonos celulares de manifestantes quienes rápidamente suben los videos a las redes sociales y se vuelve innegable para el gobierno su responsabilidad en las muertes y el atropello.
La información y la comunicación en el país hoy más que nunca está cercada. Por un lado, la narrativa oficial ha producido un aparato informativo fascistoide en complicidad con los medios de comunicación privados, pauteros tradicionales que no conocen la ética de la labor periodística y que simplemente trafican con la información. Por otro lado, los medios públicos que atienden a las órdenes del presidente sin cuestionarse nada, que agachan la cabeza para mantener su empleo.
El riesgo para la vida y el amedrentamiento a la prensa internacional con la detención “ejemplar” y expulsión el 6 de octubre del periodista español Bernat Lautaro limita la capacidad de llegar con información real y de primera mano hacia el exterior para denunciar la gravedad de la represión. El gobierno argumentó que el periodista representaba una “amenaza” para la seguridad nacional tras documentar las protestas en Imbabura. Un claro acto de censura e intimidación.
Ya el 25 de septiembre del 2025 el gobierno de Daniel Noboa, clausuró arbitrariamente por quince días el medio comunitario TV MICC del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), en represalia por contrainformar, por no seguir la línea de la narrativa oficial, la de un país que supuestamente “avanza en desarrollo y no descansa contra la minería ilegal y los grupos narco delincuenciales”, cuando la realidad es otra, no ha hecho concreto y con resultados por la seguridad ni por la gente.
El 17 de octubre el gobierno da la orden de la suspensión de emisiones de la radio Iluman, medio alternativo que a diario reportaba en vivo lo que acontecía en medio de la represión de las fuerzas militares a las comunidades. Gracias a la presión y solidaridad nacional e internacional la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) levantó la medida provisional de suspensión de emisiones, retomando sus actividades bajo vigilancia y condiciones.
A día siguiente la CONAIE, denuncia que la señal de Inti Pacha, medio de comunicación de Cayambe, fue arbitrariamente silenciada como “castigo a su labor de comunicación popular y comunitaria”. El caso del periodista ecuatoriano Enrique Alcívar, quien denunció haber sido impedido de ingresar a una rueda de prensa y ser sido agredido por la policía, se suma a las medidas del gobierno por frenar la palabra y forzar el silencio desde el otro lado de la narrativa oficial.
En este contexto nos preguntamos ¿en dónde quedan los derechos humanos, el derecho a la comunicación y a la información, el derecho a la protesta y a la resistencia?
No se puede silenciar la palabra, quitar la luz, el internet, golpear a periodistas, romper o quitar los celulares a los ciudadanos, violentar so pretexto del “orden”, aplicar el uso progresivo de la fuerza contra el pueblo, mientras las bandas delincuenciales capean a sus anchas y nadie allana sus viviendas, nadie les inhibe el internet en las cárceles, y respetan sus territorios de crimen y droga.
Instamos a la prensa internacional, a los Organismos Internacionales, a apostar por la objetividad, la fiabilidad de las fuentes, a no replicar únicamente la voz oficial, a contrastar y a defender los derechos humanos, las libertades y los principios democráticos. Ecuador se encuentra sumido entre la violencia narco delictiva y la violencia de un Estado irracional y autoritario, racista, clasista y sin perspectiva histórica.
La intervención de Estados Unidos y de Israel preocupa mucho a las organizaciones en resistencia, a dónde van a parar los niveles de represión, la lucha social también es contra el ajuste neoliberal y al parecer el presidente Noboa solo piensa en congraciarse con la oligarquía, las empresas trasnacionales y el eje de poder económico.
Los medios de comunicación alternativos y los periodistas decentes también estamos en resistencia. Si hoy defendemos esta trinchera de lo que queda de libertad y democracia en Ecuador, como comunicadores que nunca nos hemos vendido ni sometido al sistema, lo hacemos con la firme convicción de que «la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes» (Martin Luther King).
*Comunicadora Social