Por Jaime Chuchuca Serrano
El proyecto neoliberal securitario del gobierno de Noboa ha fabricado su propia crisis. La subida del IVA y la eliminación de los subsidios a los combustibles, la corrupción en los contratos energéticos, los mantenimientos fallidos en las refinerías y oleoductos, el derroche en propaganda y viajes, el alquiler de maquinarias de trolls e influencers, el dispendio del dinero estatal de 560 millones en bonos en medio de la campaña electoral, la repartición de hospitales e instituciones estatales para el saqueo, la condonación de deudas, entre otras acciones, han creado un desbalance económico y aumentado el déficit fiscal.
Cualquier gobernante latinoamericano sabe que pedir dinero al FMI es hacerlo con la soga atada al cuello, y Noboa ha ampliado el último crédito a 5000 mil millones de dólares, con lo que eleva el total de la deuda a 9708 millones de dólares. Los nuevos condicionamientos del Fondo establecen modificar la situación laboral, eliminar los subsidios restantes, cambiar la regulación de los sectores del petróleo, la electricidad y la minería, para el saqueo del capital privado.
Las reformas legales del oficialismo, como la las leyes de solidaridad, integridad, inteligencia, áreas protegidas, cumplen los objetivos del FMI y de la élite ecuatoriana. En estos últimos destaca el reposicionamiento de las burguesías pronoboístas en las estructuras para incrementar la acumulación de capital y poder. Las reformas al servicio público empezaron con el despido de 5000 personas y con una proyección incierta. Los ajustes laborales de los gobiernos, aparte de los recortes, sirven para pagar favores a los séquitos con las vacantes.
La reorganización Ministerial del Decreto 60 incumple con las garantías constitucionales, las políticas y servicios públicos, y la participación ciudadana, es un truncamiento deliberado de los derechos humanos, del Buen Vivir, de la mujer y de la niñez, es un obstáculo a la vivienda, cultura, deporte, agua, educación, nutrición, así como se subordina la planificación, la inversión y el control del espacio público, turismo, acuacultura, seguridad y de las personas privadas de libertad. Noboa actúa de modo inconstitucional limitando los derechos conseguidos por las luchas sociales, mientras se incrementa el poder oligárquico y el caos delincuencial. En estas circunstancias, se abre un nuevo ciclo de protestas por las demandas populares ultrajadas.