Por En Marcha
El carácter reaccionario y autoritario del gobierno de Daniel Noboa se profundiza a un ritmo acelerado. En apenas dos meses, todas las iniciativas legislativas enviadas a la Asamblea Nacional, bajo la etiqueta de «urgencia económica» —aunque claramente no respondían a tal condición— han contenido elementos orientados a construir un andamiaje jurídico que permita al régimen legalizar y justificar el aumento de la vigilancia, el control social y la represión. Se trata de un intento deliberado por consolidar un Estado autoritario al servicio de los intereses del capital y en contra de los derechos de los trabajadores y el pueblo.
Noboa no es un presidente que habla o expone conceptualmente su pensamiento político, como ocurre con presidentes de otros países —igualmente reaccionarios— que argumentan y justifican su política desde posiciones doctrinarias. Simplemente no tiene la capacidad intelectual para hacerlo. Por un lado, él toma medidas que sabe son indispensables para que la burguesía asegure su control político de la sociedad; y, por otro lado, se orienta por los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, que benefician a los monopolios internacionales y a la gran burguesía criolla. Todo ello a nombre de la trillada frase del «Nuevo Ecuador».
La Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, remitida por Noboa hace pocos días a la Asamblea Nacional, forma parte de ese proyecto autoritario. Entre otros propósitos, esta ley busca controlar y reprimir a las organizaciones sociales y pisotea el derecho a la libre organización.
Este proceso de construcción de un entramado jurídico autoritario —pieza por pieza, casi de manera sigilosa—puede pasar desapercibido para ciertos sectores. Y ese es, precisamente, uno de sus mayores peligros: que se reaccione demasiado tarde, cuando el aparato ya esté plenamente operativo y actuando de forma abierta contra los derechos y libertades del pueblo. Por eso, es urgente denunciarlo desde ahora y, al mismo tiempo, combatir la conducta autoritaria de Noboa, que ya muestra actitudes de un dictadorzuelo.
Para el día 7 de agosto, varias organizaciones populares, entre las que están la UNE, el Frente Popular, el FUT y la Federación Médica, han convocado una Jornada Nacional de Protesta para rechazar la política antipopular del gobierno, los despidos que se están produciendo en el sector público, la crítica situación en la que están la salud y la educación, entre otros aspectos. Además, se ha convocado para el 16 de agosto, en Quito, una Convención de Trabajadores y Sectores Sociales para discutir la forma cómo dar continuidad a la protesta y frenar la política antipopular del gobierno.
La denuncia y el combate a la profundización del carácter autoritario del gobierno, deben ser parte de estas acciones previstas.