Por: Vladimir Andocilla R.*
El femicidio cometido contra la abogada María Belén Bernal destapó una gran problemática social que afecta a nuestro país. Según varios estudios de organizaciones de mujeres, se conoce que en Ecuador es asesinada una mujer cada 28 horas. En lo que va del año 2022, el número de femicidios superó ya la cifra del año pasado. El estudio realizado por Alianza feminista para el mapeo de femicidios en Ecuador, señala que 206 mujeres han sido asesinadas por razones de género, entre ellas 115 víctimas cuyos casos están ligados al crimen organizado y 6 transfemicidios hasta el 3 de septiembre, cifra que contrasta con los 59 femicidios que se contabilizan en los sistemas de la Función Judicial y que deja por fuera otros tipos de muertes violentas de mujeres. Del total de víctimas, 82 eran madres, que dejan 144 niños, niñas y adolescentes en la orfandad; 32 eran víctimas de violencia de género y ocho tenían boletas de auxilio.
Como lo señala la académica mexicana Marcela Lagarde, “el femicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada”.
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 141, define al femicidio como: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. Uno de los principales cuestionamientos a la tipificación se resume en la frase “a los hombres también los matan”. De hecho, estadísticamente, las muertes violentas son mayores en hombres que en mujeres, pero ninguna de esas muertes es por su condición de género; asimismo, pueden existir casos en que algunas muertes violentas contra mujeres hayan sido por relaciones de ellas con estructuras del crimen organizado, pero en ningún caso, eso desdibuja una realidad. En Ecuador, las mujeres son agredidas y asesinadas por personas cercanas a ellas, sus padres, parejas, esposos.
El caso de la abogada Bernal se subsume en esta penosa realidad. Su esposo, un oficial de la Policía e instructor de la Escuela Superior, la ahogó hasta asfixiarla y luego se deshizo de su cuerpo e intentó alterar la escena del crimen. Este delito lo cometió en el cuarto de la institución de formación policial, durante su guardia. Ningún oficial, policía de tropa o cadete pudo impedir este hecho, pese a que, según testimonios, se escucharon los gritos desesperados de la víctima.
Mientras la madre de María Belén Bernal, su hijo, sus familiares, amigas y amigos, colegas y la sociedad ecuatoriana la entierran, se van conociendo los relatos de los cadetes y policías que estuvieron durante esa noche en la Escuela de la Policía Nacional. Sin duda, de lo que se va conociendo, podemos señalar que existe responsabilidad del Estado en este caso. El femicidio fue protagonizado por un servidor policial durante su guardia, en una instalación policial. Existieron oficiales que escucharon las agresiones y dispusieron que no se actúe pues, “es un problema de marido y mujer”.
Es indudable que el cónyuge de María Belén, como instructor de la Escuela de Policía, se encontraba prevalido porque sabía que sería protegido por los otros miembros de la Policía. Las instalaciones le brindaban las condiciones para cometer el delito, era su zona de confort, conocía el sector, sabía los movimientos de las guardias y la ubicación de las cámaras, al punto que salió durante tres ocasiones, en dos carros diferentes. Por su formación, conocía cómo eliminar rastros e impedir que el luminol detecte los rastros de sangre. Puede que el acto de asesinarla no haya estado planificado, pero sin duda, la desaparición del cuerpo y posterior encubrimiento fueron planificados.
Hay una serie de hechos que dan muestra de graves responsabilidades estatales, pese a que se intente disminuirlas con la oferta de recompensas o inicios de sumarios administrativos. Lo real, es que se evidencia una estructura institucional, cargada de una cultura patriarcal que lleva a naturalizar la violencia de género y, en muchos casos, incluso a justificarla; esto, en la actividad diaria de quienes salen “formados” de la institución, lleva a que no se atiendan llamados de violencia de género, no se atiendan boletas de auxilio e, incluso, se insinúe a las víctimas como las causantes de las agresiones.
Es urgente un rediseño institucional que ponga como centro una cultura de seguridad humana, misma que significa proteger las libertades fundamentales, al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas y omnipresentes, garantizando su dignidad.
*Abogado y defensor de los Derechos Humanos