Por Remo Cornejo Luque
La quinta ley que se ventila en la Asamblea Nacional con el carácter económico urgente, de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, enviada por el neoliberal Noboa, apunta a cambios en la seguridad social, especialmente tiene el objetivo primordial de “fondear” al BIESS, pero a costa de graves consecuencias sociales.
A la espera de la resolución final sobre esta otra malhadada ley, (de seguro que la maloliente mayoría de la AN la aprobará) es muy notorio que todos los gobiernos de turno han hecho y deshecho el patrimonio y los recursos económicos del IESS perjudicando los intereses y derechos de los asegurados, pensionistas y jubilados.
Hagamos memoria. Desde el año 2012, se acumula la deuda del Estado con el IESS, la cual asciende a USD 27.389 millones (hasta mayo 2025). Solo la mora patronal asciende a USD 2.659 millones. Vale insistir de que la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigente desde el 22 de julio de 2024, estableció un plazo hasta marzo de 2025 para que el Estado conciliara las deudas con el IESS y firmará un acuerdo de pago a 10 años¨. No hay nada, solo humo y asfixia económica.
Además, el Ministerio de Economía en noviembre de 2024, dijo que había transferido un total de USD 2.628 millones al IESS. Ojo, esta entidad es la principal compradora de bonos del Estado, hasta septiembre fueron $2.235 millones. Es decir, que el 85% de esos recursos volvieron al mismo gobierno. Puros malabares económicos y perjuicios al patrimonio de la seguridad social.
Cual miseria humana juegan con la salud ya que la atención a los afiliados y jubilados es más crítica, no hay turnos, no hay especialistas y toca esperar ser derivado a un hospital de tercer nivel, propiedad de un prestador externo.
Ante los ojos ciudadanos, la corrupción sigue su curso y el seguro de salud, en los últimos 20 años, se convirtió en el instrumento para sobreprecios y negociados. Verbigracia: en el del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, un solo grupo familiar ligado a proveedores cercanos al gobierno obtuvo 46 contratos por USD 7,7 millones entre 2008 y 2018.
Una investigación periodística afirma que desde 2013 hasta 2025, 1.081 prestadores externos recibieron pagos del IESS. Quince de ellos concentraron casi la mitad del dinero. Veamos: La Junta de Beneficencia de Guayaquil obtuvo USD 993 millones; Davita (especializada en diálisis), USD 433 millones; Teoton/Alboteoton, vinculadas a la familia del presidente del directorio del IESS, Edgar Lama, USD 259 millones.
Sigue, entonces, urgente y vigente la defensa de seguridad social en medio de acciones de resistencia popular; la construcción de una propuesta del nuevo IESS con participación democrática y debate franco desde sus bases, es decir de los afiliados, pensionistas y jubilados, que brinden técnicamente alternativas de sostenibilidad financiera, para mejorar la atención en salud, de prestaciones y para extirpar la corrupción, que transformen los niveles de gobernanza para que esta entidad sea conducida por sus legítimos dueños, a fin de evitar ese manoseo político de cada gobierno. Todas estas acciones son lideradas por el Frente en Defensa de la Seguridad Social que avanza hacia su congreso nacional el 18 de octubre en la ciudad de Guayaquil.
¡Debatir, analizar, proponer alternativas y resistir, es el escenario para defender la seguridad social!