Comunicado UNE
La problemática que atraviesa el Sistema Nacional de Educación es un reflejo de la profunda crisis que vive el Ecuador, donde según datos abiertos del MinEduc, 205.289, niños, niñas y adolescentes, han abandonado las aulas en los últimos seis años lectivos (2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024). Esta problemática se expresa con mayor fuerza en la Educación General Básica, donde 156.450 niños, niñas y adolescentes, abandonaron el sistema educativo. Según varios estudios, la deserción escolar tiene como principal causa la pobreza. Para el año 2022, 150 000 adolescentes trabajaban en Ecuador, según el INEC. A esto se suma la ola de violencia e inseguridad, donde cientos de menores de edad son reclutados por las bandas del crimen organizado.
Por otra parte, según datos oficiales hasta diciembre del 2022, más de 300 adolescentes se encontraban privados de libertad. Es menester señalar que, el encarcelamiento y asesinato de estos, es resultado de un Estado que ha abandonado la salud, educación, recreación, cultura y trabajo, Según datos de la DINASED, desde el 2011 hasta el 15 de agosto de 2023, la tasa de homicidios intencionales a adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional fue de 384.
A esta realidad se suma el déficit de más de 74 mil docentes, según cifras de la Universidad Nacional de Educación; más del 45% de las instituciones educativas carecen de servicios básicos y tienen problemas de infraestructuras y, en esas condiciones, van a enfrentar el Fenómeno del Niño; más de 6.000 niños y niñas han sufrido algún tipo de violencia sexual en las aulas los últimos años; la inseguridad se está tomando las instituciones, reportando asaltos, extorsiones y hasta asesinatos dentro y fuera de los colegios. En los seis últimos años lectivos, 1.100 planteles educativos (fiscales, fiscomisionales, municipales) fueron cerrados. Mientras 74 mil docentes postularon a los concursos de méritos y oposición que convocó la ministra de Educación, Brown, y donde apenas se entregó 339 partidas, cuando el número de docentes a contrato es de aproximadamente 43 mil, a lo que se suma que, en los últimos seis años lectivos, 6.787 docentes salieron del Magisterio por diferentes motivos.
A estos contextos hay que anexar que mediante documento de MinEduc: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios, Pág. 13 se dispone el uso de un (1) texto por cada tres (3) estudiantes, razón por la cual en varios planteles del país se esta procediendo a retirar los textos ya entregados a estudiantes, esto es una expresión de como la política pública, así como los contenidos educativos, se los diseñan de forma autoritaria, sin tomar en cuenta a la comunidad educativa y se irrespetan normas y disposiciones contempladas en la LOEI. Ante el fracaso de gobiernos anteriores y la grave situación educativa, la Unión Nacional de Educadores conmina al nuevo gobierno y a la Asamblea Nacional, a declarar a la educación en emergencia, en base de la siguiente consideración:
• Una vez que el presidente de la República, en el marco de la Ley y mediante Decreto Ejecutivo, disponga la declaratoria de Emergencia, el Ministerio de Educación debe, mediante resolución motivada, declarar la emergencia, tal como lo determina el Art 57 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Esto en correspondencia con el numeral 31 del Art. 6, de la Ley Ibídem “Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”
Al declarar en emergencia a la educación, debido a las graves condiciones en las que se encuentra la infraestructura educativa a nivel nacional, por un plazo determinado, se podrá agilitar los procesos de contratación pública para la repotenciación de todos los establecimientos educativos, sobre todo aquellos con un alto riesgo de ser afectados por el “Fenómeno del Niño”, de tal forma que se garantice la seguridad y la educación de calidad para todos los ecuatorianos. De igual forma, se podrá disponer el empleo de la totalidad de los recursos humanos y materiales del Ministerio de Educación, a fin de enfrentar la situación de emergencia declarada, así como destinar y movilizar los recursos necesarios para la educación.
• Junto a esta declaratoria, es necesario diseñar políticas sociales e inversión económica para garantizar el reintegro de los cientos de niños, niñas y adolescentes que han abandonado las aulas.
• Ejecución de concursos de méritos y oposición con el número de partidas necesarias para enfrentar la problemática educativa y déficit de docentes.
• Impulso de una verdadera reforma educativa que responda a las actuales demandas y necesidades que enfrentan el Ecuador y el mundo, y no a procesos de consultorías de última hora, que lo único que provocan es un derroche de dinero como lo realiza la ministra saliente.
• Ejecución y respeto de la norma (LOEI). Esto, entre otras cosas, significa culminar el proceso de equiparación salarial, negado por el Gobierno de Lasso a 20 mil profesores; escalafonamiento a los docentes con más de 25 años de servicio como determina la Transitoria Trigésima Tercera de la LOEI; reintegro de docentes desvinculados.
• Cumplimiento de la asignación del 6% contemplado como presupuesto para la educación, a fin de garantizar la inversión en infraestructura, incremento de la planta docente, dotación de tecnología en las instituciones educativas y servicios básicos.
• Implementación urgente de un plan que garantice aulas seguras, capaces de responder a todo tipo de violencia y amenazas de inseguridad y con la participación activa de la comunidad educativa.
• Desarrollar un proceso de cambio a los DECE, donde cuenten con los profesionales necesarios e insumos de trabajo, así como sueldos justos y estabilidad laboral.
• Reforma inmediata de los códigos de convivencia, para que se acoplen a los cambios de la LOEI y la prevención de la violencia en el aula.
• Reapertura de las escuelas comunitarias cerradas y dotar de autonomía plena al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, destinando los recursos económicos necesarios y respetando la educación de cada territorio.
• Garantizar la gratuidad, desarrollo científico de la educación en condiciones saludables, esto entre otras cosas demanda: retorno del médico escolar a los planteles educativos, entrega de textos escolares a cada estudiante y alimentación escolar nutritiva.
• Trabajar en un sistema de acceso a la educación superior que garantice el presupuesto indispensable que sustente el aumento de cupos, libre elección de carrera, articulación entre Bachillerato y Educación Superior.
La crítica situación que vive la educación, salud y trabajo obliga a las instituciones del Estado, a dar prioridad al tratamiento de los problemas y su lógica solución. No cabe proceso alguno que pretenda privatizar la educación, salud o IESS pues va contra la Constitución y ahondaría aún más su problemática. Frente a lo expuesto, con el legítimo derecho que asiste al Magisterio, declaramos firmemente que vamos a estar vigilantes y dispuestos a defender la escuela pública.
Comité Ejecutivo Unión Nacional de Educadores –