Por Jaime Chuchuca Serrano
El gobierno y el ejército casi han roto la relación de confianza que tenían con las comunidades invadidas (como en Imbabura). De hecho, muchos lugares donde Noboa ganó. Este tipo de rupturas si se encarnizan llevan a la organización de guerrillas, milicias, guerras civiles. Los funcionarios del gobierno parecen no conocer la historia de Colombia, Perú, Centroamérica. El gobierno ha convertido las protestas y movilizaciones contra el Decreto 126 y la carestía de la vida en un problema militar; un atentado a la población, a los derechos humanos, como el asesinato de Efraín Fuerez a manos del ejército.
El país y la comunidad internacional ve con sospecha la violencia excesiva dispuesta por el régimen. Noboa y sus asesores militaristas están taladrando su propia credibilidad y legitimidad. Si se separa el discurso de los hechos, el gobierno y el ejército han perdido la lógica de servicio y protección, para dedicarse al conflicto con los más pobres. El racismo se cierne en el noboísmo, agudizando los problemas, como en la declaración de Noboa sobre la expulsión de comunidades del país.
El gobierno y la fuerza pública (ejército y policía) aunque restringieron el pasó a Quito de las comunidades, se han desgastado. La guerra económica y militar de Noboa es costosa y se vuelve un derroche. Más de 10 mil efectivos militares y 7 mil policías se han destinado al día para la represión del paro. El 26 de septiembre, Noboa tuvo que cambiar al Comandante del Ejército, Vásconez por Miño, porque el primero se había negado en reprimir al pueblo (Decretos 157 y 158). No obstante, en las comunidades invadidas, el ejército ha pasado de protector de la nación a invasor, y fue expulsado como una fuerza extraña, opresora.
A los pocos días, el 1 de octubre, Noboa abrió nuevas vacantes en el alto mando con varios Decretos (165-168). Esto solo apunta a debilidades en la relación gobierno-ejército. Esto ya no es solo cuestión de los subsidios, sino de estabilidad política. Estas circunstancias no se vieron en los levantamientos de 2019 y 2022. En 2019 y 2022 se desgastaba el movimiento en el enfrentamiento contra el gobierno, ahora es al revés. El gobierno y la fuerza pública se dedican a reprimir al pueblo en ciertos focos, en lugar de trabajar en sus competencias, en un país en el que está todo por hacer.
Además de lo anterior, se ha desplegado la persecución a dirigentes y activistas a través de la Fiscalía, extinguiendo toda independencia de la justicia. La ventaja del gobierno de Noboa es la concentración del poder político de la mayoría de instituciones, como en el caso de desaparecer la deuda de su familia en el SRI, sin abrirse disputas con las otras funciones del Estado. A las puertas de una Consulta Popular para la convocatoria de una posible Asamblea Constituyente, el pueblo deberá pensar en los peligros de una mayor concentración del poder y violencia en las manos del Ejecutivo.