Por Jaime Chuchuca Serrano
El gobierno de Gustavo Petro empezó en 2022 con 57% de aprobación; a un año, con una fuerte campaña de la oposición conserva el 33%. La propuesta más grande de Petro es lograr la paz en Colombia, para esto ha abogado por cumplir los acuerdos previos y llegar a uno nuevo con el ELN. El gobierno convocó unilateralmente a 6 meses de tregua a los movimientos guerrilleros. Uno de los ítems de los acuerdos por la paz, se refiere a la distribución de 3 millones de hectáreas de los terratenientes a los campesinos, el gobierno hasta ahora ha abierto procesos para el 15% de la meta. Sin duda, es un proceso difícil, pero contribuye a mejoras políticas y económicas sustanciales.
En términos macroeconómicos, el PIB de Colombia cerró con un crecimiento de 7,2% en 2022; el primer trimestre de 2023, tuvo el 3%. Las reformas económicas de Petro, como los impuestos a las grandes fortunas, el 2,4% de la población, levantaron a la oposición, no obstante, los grupos populares han saludado la iniciativa. El deshielo de las relaciones entre Colombia y Venezuela, ha rendido para el comercio recíproco. El riesgo país se ha mantenido alrededor de los 779 puntos, lo que ha permitido mayor Inversión Extrajera (¡¡el riesgo país de Ecuador superó los 2018 puntos esta semana!!). La solidez económica colombiana se ha reflejado en la reevaluación de su moneda.
En marzo de este año, ocurrió la primera crisis ministerial, y se renovaron tres ministerios; en abril, la segunda, con siete ministerios; a propósito de las fracturas de la coalición del gobierno. Esto supuso el estancamiento de las reformas legales en el Congreso. Las políticas de Petro aún no han revertido el decrecimiento del comercio y la industria manufacturera, que se produjo por la inflación de varios años. No obstante, la reforma en la salud ha incrementado la red de hospitales públicos y sus recursos.
Las declaraciones de varios ex ministros han sido fuente de cosecha para la oposición. Las denuncias de actos de corrupción, que relacionan a sus familiares, sobre aportes de empresarios y narcotraficantes para la campaña; así como la trama de escuchas ilegales que envuelven a Laura Sarabia, ex jefa de gabinete, y a Armando Benedetti, ex embajador, aunque aún no se han presentado pruebas, sirven de base para la contracampaña mediática colombiana y ecuatoriana, por la cercanía de las elecciones presidenciales.