Por Jaime Chuchuca Serrano
Varios países de Latinoamérica, y particularmente Ecuador, han sido desbordados por la llamada guerra de la droga; un conflicto transnacional que, al mismo tiempo, está conectado al giro autoritario de la política institucional: crece la estructura militar y policial, sin que disminuya el conflicto y más bien este se acentúa. Entonces, el Estado está vinculado estructuralmente a las economías criminales. Los gobiernos, como el de Noboa y anteriores, fortalecen su discurso militarista, con su dominio en el sector mediático y las redes sociales. Del mismo modo, que hay crisis partidarias, hay derechas neoliberales y punitivistas que conquistan espacios. Se ha fortalecido la subordinación del extractivismo y las empresas públicas a las transnacionales y testaferros locales, así como se ha incrementado la deuda a los organismos crediticios y el capital especulativo; todo esto, mientras se mantiene la criminalización creciente de las protestas, del movimiento indígena y de las organizaciones sociales, pero también se cooptan dirigentes.
La característica militarista y policial de la política actual, se basa en el estado de excepción permanente, para imponer reformas económicas, laborales, tributarias y de toda índole. El ajuste neoliberal se hace bajo el pretexto de la crisis de seguridad, aunque no la solucionen, ni estén dirigidas a esta. Así se ha cambiado la agenda política sobre los problemas de la gente: la pobreza, educación, salud, trabajo, creando la dicotomía seguridad/inseguridad; a las derechas punitivistas les interesa solo la seguridad que les permite mayor acumulación de poder y capital. Las políticas recientes solo tienen como objetivo incrementar el poder del ejecutivo y las competencias de las fuerzas del orden, un modo autoritario de operar que, aplicado a la política o la economía, fortalece la hegemonía de las clases dominantes.
La subordinación del país a Estados Unidos sigue siendo la central y esto también se refleja en la estrategia militar. Ni siquiera las políticas agresivas de Trump contra los migrantes y su guerra arancelaria han cambiado la posición sumisa de las élites en el poder. Del otro lado, la fragmentación del movimiento popular ha llevado a que el autoritarismo se consolide. El movimiento social está constreñido por la estructura coactiva estatal y el conflicto criminal, sin embargo, el descontento está latente y puede recuperar su capacidad de organización y movilización de años previos (2019, 2022). Para este y otros contextos, se necesita la elaboración de una contranarrativa por la vida digna, que dispute al discurso hegemónico caótico, que posea otros sistemas de comunicación y vocerías diversas, con formatos accesibles y tecnología actual.