Redacción Opción

El presidente Lasso, ha vetado el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación aprobado por la Asamblea Nacional, son 61 observaciones que tienen que ver con la unificación de plazos para las niñas y mujeres de la ruralidad y del área urbana, requisitos y la objeción de conciencia.

Para la organización Mujeres por el Cambios estas objeciones ignoran las grandes diferencias que existe en la realidad del campo y la ciudad, es desconocer los mismos datos oficiales que hablan de mayor pobreza, menor acceso a la educación, déficits enormes en la atención de salud, en servicios básicos. Las diferencias materiales son evidentes y enormes. Invocar la “igualdad” ante la Ley, no es ignorancia sino cinismo absoluto.

La indolencia y el engaño es la característica de este gobierno. Pero además si de igualar derechos se trata, nunca se puede igualar a la baja sino elevando a los estándares de Derechos Humanos que favorezcan a las victimas

la Fundación Surkuna, en sus redes sociales señala que el veto del presidente Lasso es un atentado contra las mujeres y niñas, obstruye aún más el acceso al aborto por violación, cambia el objeto de la Ley que ya no será una ley para garantizar el aborto sino para obstruirlo.  Baja el plazo a 12 semanas a todas la mujeres, excepto mujeres con  discapacidad mental ; impone requisitos como denuncia, declaración juramentada o examen médico legal, el personal médico puede omitir guardar el secreto pero además denunciar a la victima de violación y las instituciones privadas de salud podría objetar conciencia institucional, es decir rechazar  la atención que requieran las mujeres; como parte de no creer a la víctima, las niñas y adolescentes requerirían de la autorización de representantes legales, sus padres (que puede ser su agresor).

Las organizaciones de mujeres rechazan el veto presidencial y reclaman de la Asamblea ratificarse en lo resuelto.

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