Por: Andrés Quishpe
Las declaraciones públicas del cura Tuárez, respecto a sus funciones en el CPCCS, así como de los representantes de varias religiones, respecto a las últimas resoluciones de la Corte Constitucional, amerita recordar que el ejercicio de las libertades públicas y de la democracia está íntimamente ligado al concepto de laicismo. El Estado laico pone límites a la influencia de las religiones sobre el conjunto de la sociedad, dejándolas en el ámbito de las convicciones privadas. Fue la Constitución de 1906, posterior a la Revolución Liberal, donde se adoptó el concepto de laicismo, es decir, hace más de 100 años, realidad que volvió a ser ratificada en la Constitución del 2008.
El laicismo eliminó la relación de dependencia entre el Estado y las religiones, para garantizar la libertad de conciencia y así las personas puedan ejercer sus creencias sin afectar a otros ni ser afectados por las creencias ajenas. Proceder de esta manera implica no imponer valores morales particulares de ninguna religión. Nuestro país es un Estado laico, fruto de esta realidad, cuenta con normas que han permitido guiar nuestra sociedad y llegar a acuerdos que permiten una convivencia estable entre sus integrantes. Las normas establecidas, no recogen lógicamente la moral de la religión predominante sino el acuerdo social que podríamos sintetizarlo de la siguiente forma: “…el Ecuador es un Estado constitucional, de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…”Art. 1 de nuestra Constitución. Estos principios socialmente aceptados determinan cómo movernos en nuestro territorio, sean cuales fueren las creencias. Son las religiones quienes tienen que acomodarse a las leyes, nunca a la inversa.
Vivir en un Estado laico ha permitido garantizar que las decisiones de los gobiernos de turno, no estén influenciadas por las posiciones políticas que asuma la religión que más peso tenga en la sociedad. Esta situación es de enorme importancia, pues, basta recordar las épocas de las guerras santas que condujeron a enfrentamientos entre estados por sostener posiciones religiosas contrapuestas o los crímenes de Estado cometidos contra opositores que no tenían afinidad religiosa o las enormes riquezas acumuladas por ciertas religiones que tuvieron entre los gobernantes a sus creyentes más devotos y caritativos con fondos públicos. El Estado laico garantiza precisamente el ejercicio democrático, es un principio indisoluble de la democracia porque las creencias religiosas no son un dogma que deban imponerse a nadie ni convertirse en leyes, si así sucede se está atentando contra la democracia.
Recordar que vivimos en un Estado laico, adquiere mayor importancia cuando, a propósito de la coyuntura, se levantan criterios algunos llenos de odio y otros dogmáticos. Toda religión asume posiciones frente a la realidad reflejo de sus intereses que, en última instancia, son los conceptos que enseñan en sus centros educativos o templos religiosos. Para un Estado laico, esto es inaceptable pues lo asimilado en la escuela, colegio o universidad, debe tener fundamentos científicos, verificables o ser aceptable como válido para todos, tal cual son los derechos humanos. Y son, esencialmente, estos derechos los que están en desarrolló con la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. Mientras, por otra parte recordamos a un “cura”, con ínfulas de poder, que vive en un Estado laico.