Por Isabel Vargas Torres
El Gobierno y sus legisladores, mediante la “Ley de Integridad Pública”, derogaron el artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Lo hicieron sin debate ni transparencia, irrespetando la Constitución de la República, dejando sin garantía de estabilidad a más de 625.000 servidores públicos. Un golpe frontal al trabajo digno y a la ética institucional. Lo hace mientras el país enfrenta el colapso hospitalario, el desempleo creciente y la inseguridad. En ese listado están médicos, profesores, policías, militares; ¿razonaron los arriba señalados en ello?
Bajo el falso discurso de “modernización”, se desmontan las pocas certezas básicas para quienes sostienen el servicio público; son los empleados públicos, los que dan la cara a los usuarios que no comprenden por qué no hay medicinas en los hospitales, citas con especialistas para tres meses después, cedulas y pasaportes con dos meses de retraso. Esta medida no es aislada: forma parte del guion del recorte fiscal, dictado por el Fondo Monetario Internacional; que golpea siempre a los de abajo y nunca a las élites, es decir, la aplicación del modelo neoliberal
¿En qué momento se volvió aceptable recortar derechos para encubrir la ineficiencia del Estado? La receta es conocida, desprestigiar el servicio público, con todas las artimañas, para justifica su privatización. La contradicción es brutal: mientras las instituciones públicas colapsan por falta de inversión; los servidores públicos dinamizan la escuálida economía nacional, con sus propios sueldos y con su trabajo, contribuyen en algo, a paliar la crisis institucional. La derogatoria del artículo 89 no solo debilita derechos laborales, también fomenta la hostilidad contra quienes aún sostienen con dignidad el sistema público.
Hoy Ecuador figura entre los tres países más peligrosos para las y los trabajadores, según organismos internacionales. El guión se percibe claramente, criminaliza la protesta, desprestigiar a los sindicatos, desmontar sus derechos. El Estado se desentiende de su rol garantista y, al hacerlo, erosiona su legitimidad y avanza el sector privado; por ello los actuales empresarios en el poder, les estorba la estabilidad laboral, que vale aclarar: no es sinónimo de impunidad, es condición para ejercer el servicio público con independencia, ética, sin depender de lealtades políticas ni del miedo, defender el derecho de todas y todos a tener una vida digna y servicios eficientes.
Con unidad, organización y lucha es imprescindible exigir a la Corte Constitucional que actúe conforme al derecho y deje sin efecto este inadmisible retroceso de derechos