Por Ab. Isacc Avellán
Durante la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, se instauró a gran escala el cultivo de la palma africana y su industrialización, con el objetivo de convertirla en grasa vegetal para el consumo humano y la proyección de crear en biocombustible, reemplazando a la grasa animal que de manera artesanal se consumía en los hogares ecuatorianos.
Esta actividad productiva lo iniciaron sectores vinculados a la dictadura militar que, mediante decretos supremos, obtuvieron grandes extensiones de tierras para aplicar el monocultivo de esta planta en las provincias costeras de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, parte de Manabí y en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana; devastando bosques y desplazando a los pequeños y medianos agricultores, convirtiéndolo a muchos de ellos en trabajadores agrícolas asalariados. En la actualidad, el área de cultivo de esta planta supera las 267.000 hectáreas, con más de 128.000 puestos de trabajo, representando el 2,8% del PIB a escala nacional (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC).
El Ecuador ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, después de Colombia, en la producción de aceite crudo de palma y es el séptimo productor a nivel mundial (Revista Eutopía, del investigador Lesley Potter) con cifras económicas que benefician a tres grupos monopólicos industriales como son: DANEC, LA FABRIL, ALES. De estas grandes empresas son miembros de la RSPO (Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible por sus siglas en inglés), para involucrar y fortalecer a los medianos y pequeños productores, fabricantes, ONG´s sociales y medioambientales, pero aun sin precios justos y sin protección ante las amenazas de las plagas que afectan a su producción y el entorno ambiental.
Según las cifras, se producen 2´275.948 de toneladas métricas de fruta fresca de palma africana, permitiendo tener a la industria aceitera la materia para producir 600.000 toneladas de aceite, de los cuales el 60% es exportado y el 40% para el consumo local, teniendo una balanza comercial con superávit de USD 110.60 millones de dólares en el año 2023, tanto en ventas como en exportaciones.
Ante esta realidad, la situación laboral que viven los trabajadores agrícolas en las principales empresas palmicultoras como Palmeras de los Andes y Ales Palma es totalmente precario, sufren explotación laboral, sin herramientas adecuadas para su trabajo, carecen de los implementos de seguridad e higiene, son vulnerados sus derechos laborales y sindicales, con expresiones de racismo generando un ambiente laboral de discriminación, anti obrera y antisindical.
Los trabajadores de estas empresas, afincadas en el cantón San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas, protagonizaron acciones de defensa ante el incumplimiento de la patronal en el pago del derecho de utilidades, así como los derechos alcanzados en su contratación colectiva. Ante ello, se ha producido la reacción furibunda de los empresarios en imponer trámites de vistos buenos ante el Ministerio del Trabajo, con el único fin de despedir a los dirigentes sindicales que han ejercido el derecho a la resistencia con el respaldo mayoritario de los trabajadores que luchan por mejores condiciones laborales, sociales, económicas y humanas.
En el caso de Palmeras de los Andes, los 34 procesos de vistos buenos fueron negados a la parte patronal, disponiendo su reintegro inmediato a sus labores, la empresa incumplió con la orden emitida por los Inspectores del Trabajo con sede en el cantón Esmeraldas y ante este hecho 21 trabajadores dirigentes sindicales del Comité de Empresa “Palmera de los Andes”, han presentado en su tiempo procesal oportuno las demandas de Despido Ineficaz ante la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Lorenzo, de ellos se han resuelto 3 procesos siendo negados por el juez Roger Cabrera, sin motivación alguna, y sin tomar en consideración la veracidad de los hechos propuestos por la parte trabajadora.
En el caso de Alespalma, 9 dirigentes sindicales tanto del Sindicato y del Comité de Empresa fueron imputados por Visto Bueno presentado por su empleador Juan Carlos Polit Petter, acusándolos de paralizar las labores y de agresión física y verbal, la defensa técnica argumentó con pruebas documentales y testimoniales, que los trabajadores no cometieron ningún delito y los hechos suscitados el día 6 de noviembre de 2024, fue una exigencia en respeto a los derechos labores y un alto al acoso y a la discriminación laboral que han soportado durante este tiempo sin generar paralización y agresión de ninguna índoles, pero los Inspectores Provinciales del Trabajo Abg. Carlos Perlaza Ortiz y Abg. Marcos Chila Grain, recibieron por parte de la empresa USD 2.500 dólares por cada caso para aceptar el pedido de Visto Bueno propuesto por la patronal, generando un grave precedente que afecta la tutela y la protección que deben recibir los trabajadores por parte de las autoridades de trabajo conforme lo dispone el Art. 5 y 7 del Código del Trabajo.
Estos hechos de corrupción son lamentables y los denunciamos públicamente ante la opinión pública, para que las autoridades tanto del Consejo Nacional de Judicatura y el Ministerio del Trabajo adopten las responsabilidades y sanciones de carácter penal y sean destituidos por establecer decisiones judiciales y administrativas que atenta contra la seguridad jurídica y el debido proceso, provocando un nefasto e injusto precedente.
Es la hora de los trabajadores, para defender nuestros derechos.