Por: Remo Cornejo Luque

Durante 14 años del gobierno de AP, la Asamblea Nacional jamás ha jugado un importante rol fiscalizador. Su composición y actuación, con muñequeos y acuerdos bajo mesa, como el consabido reparto de los hospitales, siempre estuvo al servicio del gobierno de turno y de los intereses de los partidos de derecha. 

Hoy, como cosa de Ripley, se hacen llamados a la Asamblea a algunos Ministros de Estado y ciertos funcionarios, en la supuesta propuesta de enjuiciar varias de sus actuaciones, pero el fondo es resarcir esa imagen desdibujada, el desprestigio en que ha caído y que está por debajo del 10% de su credibilidad, pero también buscan aprovechar la efervescencia del ambiente electoral y ganar ciertos réditos políticos, principalmente aquellos que de manera sinvergüenza pretenden reelegirse. 

La Asamblea Nacional no solo le queda debiendo a los pueblos del Ecuador en materia de fiscalización sino en materia de legislación ya que las últimas leyes emitidas tienen la impronta fondomonetarista y las que están en carpeta, por consiguiente. Esas leyes a la sazón neoliberal afectan los intereses, conquistas y derechos de los trabajadores, impiden el progreso y desarrollo de los pueblos.

Se requiere de una Asamblea que no sea comodín del FMI; que legisle a favor de las mayorías poblacionales, priorizando la salud y vida de los pueblos, antes que el pago de la Deuda Externa; que defienda la Seguridad Social en beneficio de sus legítimos dueños, los afiliados; por la generación de una política económica, transformadora y comunitaria, cuyo eje central sea la justicia social; por una Educación pública, comunitaria, intercultural y de calidad; que impulse la Soberanía alimentaria, redistribución y justicia para el campo ecuatoriano; la recuperación de la madre tierra, la defensa de la naturaleza y se oponga a las políticas extractivistas; el combate contra la corrupción, que exija cárcel para los corruptos y se recupere lo robado.