Por Paúl Jácome
Director Ejecutivo KintyÑan

El pasado 05 de noviembre, la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional,  aprobó por mayoría, el Informe en el que se  recomienda al Pleno del legislativo, el enjuiciamiento político a la Ministra de Gobierno María Paula Romo, bajo tres causales:  Uso de bombas lacrimógenas caducadas contra manifestantes, lanzamiento de éstas a los centros de paz y acogida humanitaria, y, tardía convocatoria al comité interinstitucional para la Protección de Periodistas, todo esto en el contexto del Levantamiento Indígena – Popular de octubre del 2019.

Este paso importante abre la puerta para que el segundo poder del Estado, pueda adoptar una decisión que permita implementar un proceso serio de verdad, justicia y reparación a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, quienes sufrieron los impactos  por el uso indiscriminado de la fuerza, durante las acciones de octubre del año pasado.

A la hora del proceso de interpelación, la Asamblea Nacional no debe perder de vista, hechos gravísimos que hasta el momento no se encuentran esclarecidos, como son las muertes de más de una decena de manifestantes, de idéntica manera con aquellas personas que perdieron sus ojos,  de los centenares de heridos, muchos de ellos víctimas de la letalidad de las armas “no letales” con las que se atacó a los diferentes actores de las organizaciones sociales y pueblos en general; así como también, a una gran cantidad de detenciones y muchos casos desapariciones temporales.

La Asamblea Nacional y el Estado en su conjunto, no pueden pretender resolver las consecuencias de octubre, tildando de “violentos y terroristas” a quienes ejercieron el legítimo derecho humanos a la protesta social, y con ello establecer un manto de impunidad sobre las vulneraciones que se cometieron por el uso excesivo de la fuerza en octubre del 2019; debe entenderse a este juicio político como una oportunidad para que el Estado haga un fuerte ejercicio de autocrítica y valore su rol como garante de los derechos humanos, debe llegar a determinar el origen de aquel levantamiento indígena – popular, misma que radica en la injusta distribución de la riqueza y en los privilegios de ciertas élites de poder, hecho que provoca que las brechas sociales se profundicen más, porque claramente el Estado ecuatoriano no solo que se ha vendado los ojos ante esta problemática, si no que se ha convertido en el defensor de los privilegios de los más poderosos, alejándose así del rol de garante de derechos y equidad social, principios aceptados con la signatura de Ecuador en los diferentes tratados  e instrumentos internacionales de Derechos Humanos y de la misma Constitución del Ecuador.

La censura y destitución de María Paula Romo, no solo que es necesario, es una obligación para que el Estado Ecuatoriano pueda reflexionar sobre su papel de garante y protector de derechos, y que la impunidad no vuelva hacer ejercicio sobre los más débiles.

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