Por David Rosero
Un gobierno deslegitimado y envuelto en escándalos de corrupción, con bajos niveles de ejecución presupuestaria que a la vez ha sido incapaz de resolver los problemas de la población: inseguridad, desempleo, falta de salud y educación, entre otras necesidades; hoy propone desesperado una consulta con varias interrogantes a la población, entre las cuales se encontraba la pregunta 6 que buscaba cambiar las atribuciones constitucionales de designación de autoridades a través de concursos públicos de oposición y méritos con veeduría e impugnación que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. Dicha pregunta 6 que también buscaba cambiar la designación de las y los siete consejeros del CPCCS fue observada por la Corte Constitucional ya que el Presidente de la República pretendía concentrar poder e imponer a dedo a las autoridades de control, electorales, entre otras, convirtiendo a la Asamblea Nacional en mero formalizador de sus designios.
Una vez que la Corte Constitucional frenó las intenciones burdas del régimen hoy nuevamente y a través de leguleyadas el gobierno acudió una vez más a la Corte Constitucional, esta vez dividiendo la pregunta 6 en dos preguntas que en el fondo buscan restringir derechos y vulnerar la participación ciudadana ya que por ejemplo pretenden que las y los consejeros del CPCCS sean impuestos por Carondelet y la Asamblea Nacional, dejando de lado la votación universal del pueblo para que elija en las urnas, en febrero del 2023, a las y los siete consejeros nacionales, evidenciando con esto las ideas atrasadas del Presidente de la República respecto a la democracia.
En la misma línea estas dos preguntas que el Ejecutivo insiste en imponer, buscan eliminar los concursos de méritos y oposición con veeduría ciudadana que realiza el CPCCS y de esta manera trasladar la designación de altas autoridades a la Asamblea Nacional y al gobierno, lo que podría ocasionar la vuelta a las malas prácticas del viejo Congreso o al denunciado reparto de hospitales en cuya nueva versión estarían ahora las autoridades de control.
En la letra pequeña de los anexos está la nueva trampa de estas dos preguntas. La Corte Constitucional ya se pronunció en su momento rechazando la pretensión del gobierno de afectar la división de funciones del Estado, el hiper presidencialismo y la nueva metida de mano en la institucionalidad. Por tanto, el organismo constitucional debería ratificarse en su pronunciamiento y así evitar las ínfulas autoritarias del gobierno que se ha dedicado a la ingrata tarea de interferir en otras instituciones del Estado en lugar de dedicarse a trabajar en beneficio de las mayorías.
Los más de 50 millones de dólares que le cuesta el pueblo la consulta del gobierno nacional podrían ser utilizados en la compra de medicinas para los hospitales o para la infraestructura escolar o para la obra pública en carreteras o en créditos a bajas tasas de interés en beneficio de las ecuatorianas y ecuatorianos.
Corresponde a los sectores sociales levantar acciones señalando el carácter concentrador y antidemocrático de la consulta del presidente Lasso y colocar Amicus Curiae ante la Corte Constitucional en defensa de la participación social y la democracia.