Por: Mateo Rodríguez
En las últimas semanas, en el país se ha profundizado la contradicción entre el pueblo y la oligarquía, y esta ha tenido como escenario la lucha en la calle y en los campos. El país vive una jornada de protesta que no ha tenido precedentes en el tiempo de duración.
El plan del gobierno para desactivar el paro mediante el feriado de cuatro días fracasó. En lugar de disminuir la confrontación, esta se amplió, especialmente en las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cañar, Bolívar y Loja.
Las narrativas de victimización que el gobierno intentó construir —primero en Imbabura y luego en Cañar— terminaron en el basurero. En redes sociales y medios de comunicación circularon videos que desmintieron las denuncias sobre el supuesto magnicidio. Este revés fue aún mayor tras la audiencia de flagrancia de los campesinos de El Tambo: gracias a una defensa técnica y consecuente, se evitó que permanezcan en prisión, pese a la presión ejercida por el Consejo de la Judicatura sobre la jueza.
Los sectores reaccionarios y de derecha se han mostrado abiertamente. “Analistas” que aplauden la mano dura, el autoritarismo y la represión copan los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad es terca, y sus deseos chocan con la valentía de los pueblos indígenas y la juventud que enfrentan la represión con decisión y coraje.
Esta semana, Noboa y sus ministros no lograron desactivar el paro, pese a las amenazas y los discursos altisonantes de la ministra de Gobierno y de los ministros de Defensa, Interior e Inclusión Social. El lunes 13 de octubre organizaron un convoy militar con más de cien vehículos, que no pudo abrir la Panamericana Norte. Esta operación, ordenada por Noboa, tenía el objetivo de reprimir a los pueblos kichwas de Imbabura. El Ejército y la Policía irrumpieron de forma criminal en las comunidades de La Esperanza, Peguche, Ilumán, Otavalo y otras. Según organismos de derechos humanos, hubo más de cincuenta heridos, pero dirigentes indígenas dicen que los heridos bordean los quinientos; decenas de detenidos y un nuevo comunero asesinado: Jorge Guamán.
En este escenario, el gobierno intentó dividir a las organizaciones indígenas convocando a una rueda de prensa con un pequeño grupo de dirigentes de base. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones desconocieron esa maniobra y continuaron en asambleas para fortalecer el paro. En la discusión y decisiones colectivas adoptadas en las comunidades ha estado la fortaleza de esta lucha.
Esto llevó a la radicalización de las medidas en sectores como San Lucas, en Loja, y en otras provincias. En esa provincia murió Rosa Paqui, por efecto de gases lacrimógenos.
La labor divisionista del gobierno y del oportunismo no ha cesado. A cambio de canonjías y prebendas, ciertos grupos seudorradicales han terminado haciendo el juego al régimen: no se sumaron a las acciones y se han dedicado a cuestionar las decisiones de las dirigencias indígenas, sindicales y sociales, favoreciendo así a Noboa y al imperialismo.
En las condiciones actuales, los revolucionarios marxista-leninistas debemos continuar empujando con firmeza la lucha contra el gobierno de Noboa. Es necesario unirnos con los verdaderos luchadores, levantar junto a ellos las banderas de combate contra el neoliberalismo y la represión. En cada calle y en cada plaza debe agitarse la oposición al régimen. En la práctica se demostrará quiénes son consecuentes con la revolución y quiénes, en cambio, son traidores y contrarrevolucionarios.