Por Jaime Chuchuca Serrano
La mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social afín a Noboa ratificó a Mario Godoy y al Consejo de la Judicatura actual; más tarde, el Consejo de la Judicatura nombró inconstitucionalmente al Fiscal Carlos Alarcón y a muchos otros. Hay relaciones entre Godoy y el narcotráfico, a través de intermediarios como su esposa Dolóres Vintimilla y presiones por figuras como Henry Gaibor, exdirector de la judicatura de Pichincha. Esta situación ya no puede ser ocultada ni siquiera por los medios de comunicación oficialistas, como en otras oportunidades. Entre tantos casos, ¿cuántos directores de la judicatura han actuado del mismo modo?, ¿hasta dónde está enfrascado el actual gobierno?
Un lugar común en la política ecuatoriana es la facilidad con que se intercambian las fichas en los cargos. Y la tesis de la independencia judicial no ha pasado sino como figura declarativa. Más bien, la dependencia judicial del poder de turno y del poder histórico sedimentado se organiza en la normatividad e institucionalidad. Este impacto es mayor porque se han fortalecido las oligarquías dentro del Estado con el noboísmo: la unidad del poder económico y político que subordina al resto de las funciones. En lo presupuestario, el déficit en la judicatura supera los 290 millones de dólares. Esta representación de cosas se expone en el año más violento de la historia, con más de 9 mil homicidios, esto es, 45,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, solo por detrás de Jamaica (49,3).
En el país hace falta un cambio urgente en la correlación de las fuerzas políticas y su realidad social. El concepto realista marxista de Pēteris Stučka es esclarecedor: “el derecho es un sistema (u ordenamiento) de relaciones sociales correspondiente a los intereses de la clase dominante y tutelado por la fuerza organizada de clase” (71 p.). No siempre la realidad jurídica (las relaciones sociales) coincide con el ordenamiento, pero las relaciones sociales se imponen sobre este último. De ahí que muchas utopías de las constituciones nunca se llevan a la realidad, pero la realidad social siempre se impone sobre estas. No hay que cambiar solo las normas, sino la realidad misma.
Bibliografía
Stučka, P. (2008). Las Funciones Revolucionarias del Derecho y del Estado. C&C Editores.