Por Jaime Chuchuca Serrano
La Ley de Transparencia Social es la nueva norma inconstitucional del noboísmo. El gobierno parte del criterio que las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSL) -un concepto que mezcla ONGs y toda organización social- son actores en el lavado de activos y la economía ilícita, aunque lo hace sin evidencias. El discurso oficial distorsiona la realidad y oculta la real estructura del narcotráfico. Veamos la evidencia. Hace pocos días, la Organización Mundial de Aduanas determinó que el 30% de contenedores con cocaína del mundo salen de Ecuador, principalmente a través del banano. En conclusión, el Cartel del Banano ecuatoriano es el responsable fundamental de la exportación de droga para el mundo y está incrustado en el Estado.
En la Asamblea Nacional instaló el debate sobre la Ley de Transparencia sin respetar la democracia parlamentaria, sin diálogo social, ni representación de las organizaciones populares. En el pleno se silenciaron los micrófonos de la oposición; se aprobó la ley; el presidente no la vetó y se publicó. Como en las otras, en esta Ley de nuevo se usa la “urgencia económica” para reformar otras materias: derechos colectivos, participación ciudadana, registral y notarial, medioambiente, laboral y seguridad social, inteligencia, penal, minería, remisiones y tributos.
En los 18 artículos de la Ley el objetivo del oficialismo es hipervigilar a las organizaciones sociales, miembros, fondos, y actividades (Títulos I-IV; Arts. 1-14); y crear un nuevo sistema de rendición de cuentas y control (Arts. 16, 17). La oligarquía del Big Brother teme por las protestas y movilizaciones. En las Transitorias Quinta y Sexta se mete mano al dinero de los afiliados a la seguridad social y se impide al IESS el cobro de las deudas de los aportes y fondos de reserva, capitales e intereses, multas y recargos de las empresas públicas en liquidación; además, con esto se facilita la privatización de las empresas públicas. En la Transitoria Séptima se abre paso a una nueva remisión de deudas con la Función Ejecutiva.
La disposición reformatoria primera amplía las competencias de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para incluir a las OSSL, como si fueran entes financieros. Aunque el régimen quiere eliminar el CPCCS, en la reformatoria Segunda le da más competencias sobre las organizaciones, así como abre la posibilidad de disolverlas. En la reformatoria Cuarta se quiere cobrar impuestos a las utilidades. En la reformatoria Quinta crece el poder minero y sus recursos, se habla de una exploración minera inicial de 4 años y la avanzada de 4 años y con 2 años más de evaluación. En la reformatoria sexta se exonera al Estado de pagos municipales, registrales y notariales.
En definitiva, el gobierno de Noboa saca a Panamá de su lista de paraísos fiscales, para que nadie vigile el dinero de las oligarquías, pero quieren controlar cualquier posible movimiento social en contra. El régimen vigila al individuo y a las organizaciones sociales, pero el Cartel del Banano es intocable.