Por Mateo Rodríguez
La crisis del sistema judicial ecuatoriano no es una casualidad ni una “mala racha”, es una de las expresiones de la crisis de la institucionalidad burguesa, esa arquitectura de poderes que promete independencia, meritocracia y seguridad jurídica, pero que, en la práctica, sirve para proteger los intereses de las clases dominantes, de mecanismo de administración del conflicto social en favor de la oligarquía. En ese marco, las últimas denuncias que rodean al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y a su círculo cercano, no deberían leerse como un escándalo aislado, sino como un síntoma de un régimen judicial capturado por redes del crimen organizado, pactos parlamentarios y disputas de facciones burguesas.
Los hechos que se han hecho públicos son acusaciones graves que evidencian la corrupción y podredumbre del Consejo de la Judicatura, los audios y relatos vinculados a presuntas presiones sobre un juez anticorrupción (Carlos Serrano), demuestran que Godoy y su esposa estarían intercediendo en favor de la mafia albanesa, relato que no sería creíble si no fuera porque esta última, y el propio Presidente de la Judicatura, habrían defendido a varios cabecillas de las mafias criollas, incluido Fito y Rasquiña. Incluso en la comparecencia en la Asamblea Nacional, Mario Godoy, trataba de maquillar los procesos en que ha participado su esposa señalando que sólo es “lavado de activos”.
La democracia liberal burguesa señala que los jueces y juezas deberían tener una independencia interna y externa, que garantice un proceso judicial objetivo e imparcial, pero la realidad es otra, la Función Judicial se ha convertido reiteradamente en territorio de reparto: cuotas, nombramientos, operadores, expedientes que avanzan o se congelan según el clima del poder. Por eso, cuando estalla un caso como este, la disputa no se limita a “verdad acelerada” versus “mentira”, también aflora el forcejeo entre fuerzas que ayer facilitaron designaciones como el correísmo y hoy impulsan la salida de su anterior aliado.
Desde una mirada crítica, el problema de fondo no se corrige con un cambio de rostro, sacando a Godoy y a los funcionarios involucrados en los audios de Serrano, que debe darse. La institucionalidad burguesa entra en crisis cuando ya no puede sostener la ficción de neutralidad: el derecho aparece desnudo como lo que frecuentemente ha sido, un campo de batalla donde pesan más las relaciones de poder que la letra de la norma. Mientras aceleran procesos judiciales y audiencias para perseguir a opositores, casos en que funcionarios gubernamentales son acusados, guardan el sueño de los justos
Esta realidad nos recuerda que, para Lenin, el Estado es una herramienta de una clase para oprimir a otra. En consecuencia, el sistema judicial no busca la «justicia abstracta», sino la protección de la propiedad privada y el orden establecido; por lo que, esta crisis institucional es una expresión de podredumbre del sistema.
En el país, se hace imperioso un cambio de estructuras que democratice la función judicial, esto se puede dar bajo los siguientes elementos: Elegibilidad, Los jueces debían ser elegidos directamente por el pueblo; revocabilidad, los electores deberían tener el derecho de destituir a los jueces en cualquier momento si no cumplen con su deber; Tribunales Populares, que sustituyan los viejos tribunales por «Tribunales Populares», donde ciudadanos comunes (obreros y campesinos) participaban en las decisiones junto a los jueces. Esta propuesta, solamente lo podrá llevar a cabo un gobierno popular y revolucionario que barra con las estructuras capitalistas ligadas al crimen organizado y el narcotráfico.