Por: Mateo Rodríguez
Esta frase fue usada de manera frecuente por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en la cadena nacional el pasado 12 de abril. Su objetivo era justificar una serie de medidas en materia laboral que el gobierno tiene planteadas y que tiene como centro flexibilizar la relación obrero – patronal, de esta manera poder establecer acuerdos laborales en el que se limiten o desconozcan derechos alcanzados por los trabajadores.
No cabe duda que la frase de Martínez esconde uno de los sueños de la burguesía, desconocer los derechos y garantías en materia laboral establecidos en la Constitución así como otros derechos fundamentales. Desde el 2008 los corifeos del capital han venido cacareando que la norma constitucional es garantista y atenta a la inversión extranjera. El propio Correa fue uno de los principales arietes contra esta. Recordemos que en el 2009 limitó la contratación colectiva en el sector público con el pretexto de impedir que los sindicatos “ordeñen al Estado como vaca sagrada”.
Los argumentos que hoy levanta la oligarquía ecuatoriana para justificar la reducción de sueldos y los “aportes voluntarios” para enfrentar la crisis económica que estamos viviendo fueron los mismos que el correísmo expresó en el 2016 para justificar las medidas económicas.
El desfase del que habla Martínez no tiene como fundamento hechos materiales, pues sus cuestionamientos no se refiere a las normas que protegen la propiedad privada sobre los medios de producción en una sociedad que cada vez socializa más la producción. Su frase es una construcción publicista que esconde la limitación de derechos y justifica las arbitrariedades que ha pretexto de enfrentar “la realidad” se darán.
Cuando los marxistas afirmamos que el Derecho es un obstáculo al cambio social, lo hacemos sobre la base de reconocer que este es un instrumento de las clases dominantes para proteger sus intereses. Por ende, reconocemos su retraso respecto a las exigencias que las clases trabajadoras tienen. Su papel de obstáculo para la transformación de las relaciones de producción. Es decir, cumple el rol de preservar el status iniquitativo y explotador de la sociedad capitalista. Hoy, la burguesía ecuatoriana desea reafirmar ese rol del Derecho pues, mediante ley intenta generar un periodo transitorio en que se suspenderá las normas que rigen la contratación (individual y colectiva), la jornada laboral, los sueldos y salarios, y serán remplazados por el acuerdo entre las partes en una relación iniquitativa en la cual una de ellas tiene el poder económico y la otra, al carecer de él deberá asumir las condiciones que le impongan, con tal de sostener una fuente de ingresos para sobrevivir.