Por Edna Machachi
Todo el período del coloniaje español registra una violenta lucha de clases. Las masas urbanas de artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores levantaron importantes combates en contra de la administración colonial y los terratenientes españoles. La “Revolución de las Alcabalas”, en 1592, y la insurrección de los barrios de Quito, conocida como la “Revolución de los Estancos”, en 1765, fueron manifestaciones altas de esta lucha en contra de la dominación española, utilizada y dirigida por los terratenientes criollos
España había expedido una cédula determinando la administración directa del monopolio del aguardiente y la alcabala, controlando el estanco del aguardiente y la prohibición absoluta de la destilación particular y estableciendo nuevos impuestos. Los principales opositores fueron los criollos, quienes se valieron del Cabildo y, en esa instancia, Francisco Borja, emparentado con las familias nobles de la ciudad, llevó a cabo una campaña contra las medidas fiscales. La comunidad eclesiástica, el 14 de noviembre de 1764, presionó y logró un cabildo abierto, en el cual los criollos afirmaron representar los intereses de toda la comunidad. La élite criolla se pronunció en contra del monopolio estatal del aguardiente basada en las dificultades económicas de la región, mientras los eclesiásticos reclamaron la supresión de dicho monopolio por razones morales.
A pesar de estas acciones y peticiones, el 1 de marzo de 1765 las autoridades coloniales inauguraron el monopolio del aguardiente. A mitad de mayo, el visitador Díaz de Herrera emprendió el establecimiento de la administración reformada de la alcabala y, el 21 de mayo, designó una delegación que procedió al registro de algunas parcelas de tierra en el barrio de San Roque para efectos fiscales.
El 22 de mayo de 1765 la rebelión de los barrios de Quito estalló en San Roque, en el marco de los preparativos de la fiesta de Corpus, un período de movilizaciones competitivas que congregaba a un gran parte de la población de la ciudad, lo que en parte permitió encubrir las intenciones de la misma. El levantamiento popular se inició a las primeras horas de la mañana del 22 de mayo de 1765, cuando -en las esquinas, calles principales, y plazas- aparecieron pegados grandes cartelones que anunciaban para las 7 de la noche una airada manifestación en contra de las autoridades españolas, para reclamar por el monopolio estatal. En la noche del 22 de mayo las multitudes fueron convocadas por el repique de campanas de la iglesia parroquial de San Roque y por los cohetes lanzados desde su atrio. La multitud reunida en San Roque bajó hacia Santo Domingo, donde un contingente de la misma animó a los de San Sebastián para que se sumasen al levantamiento, al que poco más tarde se unieron los de San Blas. Entonces, una masa conformada por miles de personas se dirigió a Santa Bárbara y demolieron la Casa de Aduana y el Estanco de Aguardiente, sin que las fuerzas de la Audiencia pudieran frenar a los amotinados, quienes al grito de «Viva el Rey… mueran los chapetones… Abajo el mal gobierno…”, quemaron los edificios.
Los alguaciles, por mandato del Corregidor, detuvieron y torturaron a algunos que habían participado en el levantamiento. La represión ocasionó un segundo levantamiento el 24 de junio de 1765. Ese día se hizo un llamando a la unión de los barrios contra el Corregidor de Quito por los abusos cometidos en contra del pueblo. El estallido ocurrió en la tarde, cuando el Corregidor y un grupo de peninsulares dispararon contra la multitud de San Sebastián, muriendo 3 personas. Las casas de los mercaderes peninsulares fueron saqueadas y se lanzaron ataques contra la casa de la Audiencia.
Esta insurrección duró más de 30 días, en la que los barrios quiteños combatieron y se buscaba febrilmente a los españoles, para lincharlos, armados de palos, cuchillos y piedras. Indios de las poblaciones circunvecinas acudieron para sumarse al movimiento. El gobierno se rindió con sus armas oficiales, tuvo entonces que someterse a una negociación con la mediación del obispo, y se vio obligado a proclamar el perdón de los insurrectos, junto con la suspensión del monopolio del aguardiente y la administración de la alcabala, así como la expulsión de los españoles peninsulares solteros.
Esta fue una lucha importante desarrollada en la época colonial contra los colonizadores, que sirvió como un eslabón más para el auge de los movimientos independentistas, contando con la participación de los gremios de trabajadores, con la participación de indios, encabezados por los criollos.
(“Insumisa Vecindad, Memoria Política del Barrio de San Roque” de Manuel Espinosa Apolo).