Por UNE
La Unión Nacional de Educadores (UNE) expresa su posición ante la reciente normativa del Ministerio de Educación (Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2025-00015-A, publicado el 15 de abril de 2025), que regula el uso de celulares y dispositivos similares en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación, reemplazando el Acuerdo Ministerial No. 0070-14 de 17 de abril de 2014.
Consideramos que esta medida es un importante paso para proteger la seguridad, aprendizaje, privacidad e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. En un contexto cada vez más violento y amenazado por el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Sin embargo, se debe considerar que ante la falta de recursos pedagógicos como textos escolares de manera oportuna y actualizados, los dispositivos móviles y otros recursos han sido empleados por los docentes para suplir esas y otras necesidades.
Además, enfatizamos con firmeza la obligación del Gobierno de Daniel Noboa de garantizar los recursos y la infraestructura esenciales para la implementación exitosa de este acuerdo ministerial. La mera emisión de regulaciones resulta insuficiente; es indispensable asegurar las condiciones materiales que posibiliten su cumplimiento y maximicen su impacto. En este sentido, una inversión sustancial en la conectividad de las instituciones educativas es una prioridad fundamental. El acceso a internet de calidad debe ser reconocido como un derecho inalienable tanto para estudiantes como para docentes. Se requiere una estrategia nacional integral que asegure la conectividad en todas las escuelas, incluyendo aquellas ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso, con el objetivo de superar la brecha digital que agudiza la inequidad educativa.
En este contexto, la UNE reitera algunas de las propuestas, formalmente presentadas a la ministra de Educación, Alegría Crespo mediante oficio 006-0F del 18 de febrero de 2025:
1. Incorporar en el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2025-00015-A la salvedad del uso de dispositivos para los docentes en las siguientes situaciones: de salud y calamidad doméstica que requieran su atención urgente, sin que esto signifique medidas administrativas de sanción. Además, en los códigos de convivencia se debe considerar flexibilidad en casos de calamidad doméstica en los que los padres de familia requieran comunicación con sus hijos o representados, así como considerar el uso por parte de los docentes en caso de comunicación urgente con los representantes legales de los estudiantes.
2.- Promover la capacitación y concienciación sobre el uso responsable de la tecnología entre autoridades educativas, docentes y familias.
3.- Implementar medidas de capacitación en la normativa vigente a toda la comunidad educativa.
4.- Garantizar la equidad en el acceso a recursos tecnológicos y conectividad para todos los estudiantes.