Por Ramiro Vinueza P.

Con 99 votos, la Asamblea Nacional aprobó las amnistías para 268 personas. Este es el resultado de un proceso que se emprendió ante la criminalización de la protesta social y el uso ilegal e ilegitimo del derecho penal por parte del Estado. Este acto parlamentario, legal y constitucional, tiene como beneficiarios a 60 personas que participaron en las protestas de octubre de 2019, a 153 defensores de territorios; además, 12 personas ya juzgadas en la justicia indígena y 43 defensores de los derechos de la naturaleza.  Entre estas personas consta Víctor Guaillas, que el 12 noviembre pasado fue asesinado en la masacre de Penitenciaria del Litoral.

Esta es una victoria importante del movimiento popular e indígena del Ecuador que ha presionado y movilizado para que la Asamblea cumpla con su deber.  Esta es una ratificación que la protesta de los pueblos es un derecho, legítimo y legal, que todas y todos aquellos defensores de los derechos humanos, de la naturaleza, de los territorios y comunidades, del agua, de los que luchan por mejores condiciones de vida, tienen en la protesta un recurso para hacerse oír, un recurso para frenar las acciones depredadoras de las mineras y otras empresas extractivistas extranjeras, para demandar derechos incumplidos y exigir los que garanticen una vida digna a los trabajadores y los pueblos por parte del Estado, sus gobiernos e instituciones.

En Quito, han surgido voces en contra de esta resolución; particularmente con los amnistiados que participaron en el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019; quienes oponen son un grupo minúsculo de ultraderechistas, grandes empresarios y comerciantes dueños de cadenas de restaurantes, hoteles de lujo y otros negocios en el Centro Histórico de Quito, que tienen a su servicio al municipio. Es evidente su talante retrógrado, manifiestan odiosidad al pueblo, a los indígenas, a los luchadores sociales, dejan ver que les vale poco los derechos y las libertades democráticas alcanzadas, que viven ensimismados en sostener sus privilegios, son fanáticos de la tauromaquia y enemigos de la democracia, amantes del decrépito rey de España; se destacan por ser firmes defensores de “piedras y adoquines”, guardianes de “paredes limpias”. Son los mismos que piden se desaloje a los pobres del centro de Quito para cuando hacen bodas y actos de los ricos y famosos.

No les gusta las amnistías a los luchadores sociales, pero les gusta mucho las amnistías tributarias, nada dicen de los multimillonarios e innumerables “perdón y olvido” a sus obligaciones de pagar impuestos por sus enormes ganancias. Esas amnistías, esas obligaciones perdonadas, las paga el pueblo con pobreza, desocupación, hambre y muerte. De eso no dicen nada, ni los medios que los amplifican.

Nada dicen tampoco de los crímenes y atrocidades que cometieron las fuerzas represivas por orden del gobierno, fueron 20 jóvenes hombres y mujeres que se quedaron con lesiones oculares, se cometieron 123 violaciones a la integridad personal, 22 atentados contra la vida, 38 violaciones a la integridad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, hubo 1300 heridos y 1200 apresados. Es más, alguno de estos empresarios, amenazan con que “si vuelve a repetirse estos hechos “estarán preparados, organizados”. ¿darán la orden de matar en la siguiente movilización, como pretendía Jarrin, que propuso un decreto que daba la libertad de matar a la gente? ¿formarán grupos paramilitares para agredir a la población a cuenta de defenderse?

Estos grupos y sus medios de comunicación, ocultan estos crímenes contra el pueblo o los justifican diciendo que “son costos necesarios para mantere la paz y el orden”. Los responsables de la represión brutal en octubre, están a buen recaudo, María Paula Romo, el general Oswaldo Jarrin, ministros de gobierno y defensa, respectivamente, son responsables junto con Moreno de las muertes, de los tratos crueles y degradantes contra el pueblo de Quito. Estos personajes deben ser juzgados y pagar por sus crímenes.

Es evidente que la magnitud del levantamiento popular e indígena fue muy grande, da cuenta del poder que tiene el pueblo cuando actúa organizado, unificado y con objetivos claros. La fuerza de ese movimiento justo y democrático que se expresó en calles y plazas, no solo del Centro Histórico, sino en toda la ciudad, se expresó en los barrios populares de la capital, donde miles y miles de hombre mujeres, de jóvenes, ancianos, familias enteras; es decir, todo el pueblo participó en la gran jornada.

El movimiento alcanzó una fuerza no vista en muchos años y echó abajo la prepotencia del gobierno de Moreno que se vio obligado a derogar en acto público el decreto 883 que elevaba el precio de los combustibles.

A los grupos derechistas lo que realmente les preocupa y le tienen mucho temor es a que un nuevo levantamiento popular les vuelva a echar abajo las políticas antipopulares. Por ello su agresividad y odio contra el pueblo, debe desenmascarados y denunciados con oportunidad.

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