Por Jaime Chuchuca Serrano
El gobierno de Noboa ha buscado por todos los medios tomarse la Función Judicial, flexibilizar las relaciones laborales y beneficiar económicamente a los poderosos. Lo ha intentado a través de la presión política, la cooptación y las reformas legales. En 2024, Noboa realizó una Consulta Popular para instaurar el trabajo por horas y el arbitraje internacional, (bajo el pretexto de la seguridad), aunque perdió en la votación. Ahora se usa el mismo subterfugio de la criminalidad, para aprobar “Leyes Motosierra” (a lo Milei), para la modernización neoliberal del Estado. Así se aprobaron las leyes de Solidaridad e Inteligencia, que expuse en otro artículo, y ahora se ha promulgado y publicado la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Noboa envío el proyecto de Ley de Integridad al pleno asambleario con 17 páginas y salió con 157, una buena parte no debatidas. Esta ley reforma a 19 leyes, sin respetar la unidad de materia, ni el procedimiento legislativo. En la décimo sexta disposición de la ley se reforma el Código Orgánico de la Función Judicial, y con ello, se agrega el Art. 269.1, permitiendo una Declaratoria de Emergencia de la Función Judicial, a través del presidente y el Consejo de la Judicatura. De este modo, se abre paso al relleno de los puestos judiciales sin estabilidad, aunque hay varios concursos suspendidos; al uso del presupuesto público y la creación de contratos emergentes; a evaluaciones a discreción de jueces y fiscales. Además, no se establece un límite temporal para la declaratoria de emergencia.
En la Transitoria 11 de la Ley de Integridad, se permite que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria determine en 3 meses que Cooperativas se deben transformar en Bancos, con el objetivo de la apropiación y concentración del capital en los monopolios financieros. Esta es una artillería pesada contra los derechos de los socios, de las comunidades y asociaciones, que encontraron en el cooperativismo una forma de salir de la quiebra del sistema bancario del gobierno de Mahuad. Además, en la Transitoria 13, se abre un nuevo perdón tributario del 100% de intereses, multas, costes y recargos, poniendo en riesgo la caja fiscal y condenando al Estado a un nuevo endeudamiento.
La mal llamada Ley de Integridad recorta la estabilidad de los servidores públicos, estableciendo la “estabilidad condicionada” a los objetivos políticos del gobierno, que aparecen bajo la modalidad de evaluaciones y desempeño, para acelerar las formas de desvinculación. De este modo, se reforman numerosos artículos de la Ley Orgánica del Servicio Público (Arts. 23, 44, 48, 51, 82 y otros). Igualmente, se incrementa en 5 años la jubilación voluntaria, pasando la edad mínima de 60 a 65 años; y abre la posibilidad hasta los 75 años para los docentes universitarios (Art. 81). Por otra parte, entre las muchas reformas a la Contratación Pública, se simplifican los procesos evadiendo los filtros anticorrupción. Además, se fortalece el sistema disciplinario con incremento de penas, deportaciones, cambios al sistema penal juvenil (que va contra la Constitución y las Convenciones internacionales). Todas estas reformas se enmarcan en el proyecto neoliberal securitario del gobierno de Noboa.