Por Andrés Quishpe
En la propaganda manual y en redes sociales, el correísmo, al referirse a Servicios Públicos de Excelencia señala que: “Creamos 121 Escuelas del Milenio; entregamos uniformes, textos gratuitos y desayuno escolar. Más de 200 colegios públicos tuvieron bachillerato internacional”. De igual forma, hace referencia a las universidades creadas y la entrega de 15 becas a “jóvenes”. La propaganda finaliza señalando que vuelve la “educación de calidad”.
Respecto al acceso a la educación superior, los candidatos correístas (González y Arauz), hablan de procesos de democratización y acceso, así como de la entrega de recursos económicos que no pasan de ser señalamientos generales, pues, no concretan nada. Esto es
Lo que no dicen:
“Crearon 121” Escuelas del Milenio y cerraron 9.678 escuelas y colegios
En el periodo lectivo 2009-2010 (durante el Gobierno de Correa), existían 25.979 instituciones educativas de educación regular, mientras que, para el periodo 2017-2019 (durante el periodo de transición Correa & Moreno), el número de instituciones educativas se redujo a 16.301 instituciones educativas entre todos los sostenimientos. Esto representa una disminución de 37% en el número de instituciones educativa en 10 años. Es decir 9.678 planteles educativos menos.
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Gráfico 1 Instituciones educativas de educación ordinaria
Fuente: Registros Administrativos – MINEDUC
Adicionalmente, podríamos señalar que las comunidades rurales e indígenas, fueron las más afectadas, sobre lo cual, existen varios estudios y análisis que permiten sustentar esta afirmación, pues, bajo la edificación de obras “pomposas” y el argumento de la eficiencia, lo que el correísmo hacía es ahorrarse recursos y exigir mayores resultados, pues no se podía dotar de laboratorios a todas las escuelas, discurso que, por varias ocasiones lo señaló Correa en sus sabatinas, un argumento seudo-económico para sostener un proyecto que jamás contó con estudios educativos. A eso, habría que sumar que la mayoría de los establecimientos educativos, durante la época correista, se mantuvieron en malas condiciones y donde se hacían remodelaciones o construcciones, reinaba el negociado.
Hay que señalar que, al cerrar escuelas comunitarias que eran un centro de vida en común, se afectaba a la vez el tejido social, generando al mismo tiempo en la niñez, la idea que para progresar deben salir de su lugar de origen. Esto se agravó con el ataque a las escuelas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que también fueron cerradas, quitando a los pueblos y nacionalidades indígenas, la capacidad de dirigir su educación de acuerdo con su cultura; en otros casos, al cerrar las escuelas comunitarias, se facilitó el ingreso de grandes empresas mineras a ciertas comunidades, es decir el cierre tenía como objetivo avanzar en la política del gran capital y extractivismo.
Bachillerato Internacional y Bachillerato General Unificado a sangre y fuego
Durante el 2014 se desarrolló el ajuste curricular para el nivel básico, realizado de manera tecnocrática e improvisada y sin una evaluación integral del currículo existente en ese momento y sin contar con la participación social; la aprobación y ejecución del Bachillerato General Unificado, la reestructuración curricular de 2016, la entrega de la educación sexual al Opus Dei (Plan Familia), el tratamiento del problema de la drogadicción, tipos de violencia en los espacios educativos desde la perspectiva policial, la elaboración de textos que dejaron mucho que desear, entre otros aspectos, son una expresión del autoritarismo y de cómo se dirigió el país y la educación en su momento.
Edgar Isch (2018), señala que, para aplicar las reformas educativas: “el disciplinamiento social a través de la represión se hizo patente en las instituciones educativas. La juventud tuvo que resistir a situaciones que no se habían vivido ni en los gobiernos abiertamente neoliberales”. Cita tres casos conocidos y planteados por organizaciones de Derechos Humanos (INREDH, 2016):
– Colegio Central Técnico, el 22 de febrero de 2013: 98 procesados de los cuales 72 fueron sancionados; 12 jóvenes mayores de edad sufrieron 21 días de cárcel acusados por el delito de rebelión (solo por cerrar una calle en defensa del bachillerato técnico y en rechazo al Bachillerato Unificado), permanecieron detenidos 34 días.
– Colegio Mejía y Montúfar, septiembre de 2014; retenidos 140 estudiantes por manifestarse frente a la improvisación en las reformas al bachillerato y por el alto costo de la vida, enfrentaron sanciones masivas.
– Colegio Montúfar, 15 y 16 de febrero de 2016: 23 estudiantes suspendidos; uso desproporcionado de la fuerza con unos 300 policías que allanaron el colegio.
No podemos olvidar el caso de Édison Cosíos, exestudiante del colegio Mejía de Quito, quien fue impactado por una bomba lacrimógena en una protesta estudiantil en rechazo al gobierno de Rafael Correa, durante siete años y siete meses pasó en estado vegetativo en su vivienda, ubicada en la Argelia, al sur de la ciudad, sus padres y familia aún demandan justicia.
Presupuesto
Si buscamos salir de la burbuja que nos dejó el correísmo, podemos determinar algunas secuelas, así: Dinero para educación pública: discursos populistas y presupuestos de papel, realizado por el Observatorio de Gasto Público en el período 2008 hasta el 2020, nos permitirá evidenciar que: “los gobiernos de turno presentaron proformas presupuestarias con asignaciones cada vez mayores para educación, para complacer con el discurso a una demanda ciudadana; pero, en el transcurso de cada año, se ajustó este presupuesto, se redujo y, en la mayoría de los casos, también se gastó menos”.
Ningún gobierno (Correa, Moreno, Lasso) cumplieron con el incremento anual, equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para el presupuesto correspondiente a la educación inicial básica y el bachillerato, hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB, como determina la Constitución.
1’044.281 jóvenes no ingresaron a la Universidad
Datos oficiales de la Senescyt (2019), permiten conocer que, desde la implementación del Examen Nacional de Acceso al Sistema de Educación Superior, ENES (Gobierno de Correa), y Ser Bachiller (II Semestre 2012 a II semestre 2019), a escala nacional, han postulado para acceder a un cupo a la educación superior 2’241.732 estudiantes, de los cuales el 3.32% (71.983) corresponde a postulantes de pueblos y nacionalidades indígenas. A escala nacional, al 53% (1’197.451) de los postulantes se le asignó un cupo; mientras que el 47% (1’044.281) restante no obtuvo un cupo. Para pueblos y nacionalidades indígenas, al 62% (44.273) de los postulantes se asignó un cupo, mientras que al 38% (27.710) restante no se asignó un cupo.
Es menester señalar que, en noviembre del 2011, surge el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión a las universidades públicas, SNNA, mediante La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, que impuso el correísmo, en ese momento en el Art. 81: De la Admisión y Nivelación se determinó que, el ingreso a las instituciones de educación superior públicas se regula a través del Sistema de Nivelación y Admisión, para todos los y las aspirantes. El sistema se rige por los principios de méritos, igualdad de oportunidades y libertad de elección de carrera o carreras e institución (…) Nada de eso se cumplió, pues se imponía carreras y, lo que es peor, miles de jóvenes se quedaron fuera del derecho a la educación superior.
¿Era posible alcanzar igualdad de oportunidades con la política que se venía aplicando desde el correísmo? A la par que se estructuraba una nueva Ley de Educación Superior, se emitía el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, divulgado en Quito por la ONU, el 10 de noviembre de 2011, y que coincide con el año que surge el examen de ingreso a la universidad en nuestro país, en dicho informe se determinó que el Ecuador es el tercer país con mayor desigualdad en Latinoamérica, después de Bolivia y Haití, y comparte esta posición con Brasil con un 56%.
Si miramos algunos datos vamos a concluir que el sistema de ingreso a la universidad que dejo el correísmo, profundizo aún más la desigualdad social entre los mas jóvenes por citar un caso. Más de un millón de jóvenes sin universidad, a eso se suma que el porcentaje de jóvenes que no estudian, ni trabajan (Nini), tiende a crecer. En 2007 los denominados Nini eran de 252.831 personas, entre 18 y 24 años: Si extendemos estos datos hasta los 34 años la cifra aumenta a 433.932 jóvenes. Doce años después, con cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) y bajo el estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se estableció que, en el primer grupo, hasta los 24 años, el número de Ninis subió a 642.763 personas. Mientras que incluidos hasta 34 años se llegaba a 1’120.468 de ecuatorianos.
Si se pregunta porqué varios jóvenes, en la actualidad, forman parte de las mafias del narcotráfico y sicariato, la respuesta está implícita. Preguntémonos también siempre, ¿quién le negó el derecho a la educación y tampoco desarrolló políticas públicas que generen fuentes de trabajo suficientes?