Por Jaime Chuchuca Serrano
El denominado caso Chalecos de Cartón cumple todas las características de traición a la patria. El contrato tiene vicios de origen, con la empresa High End Defense Solutions LLC, que tiene prohibición de contratar con el Estado, desde el 12 de marzo de 2024 hasta el 12 de febrero de 2029, por resolución pública. Como otras veces, el gobierno de Noboa, esta vez con su Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se salta la ley, y a pesar de las alertas ciudadanas, termina cerrando un atentado a la patria. El contrato se hace a través de la Ley Orgánica de Contratación Pública, aunque debía haberse hecho de modo excepcional por el Reglamento para Contratación de Bienes para la Defensa Nacional. De este modo, al hacerlo por el SERCOP el mismo Ministro expone el contrato al público, en lugar de ser reservado; pero el motivo de peso era pactar con la empresa incumplida (sin RUP), por sobre los intereses nacionales.
Hay toda una cadena de funcionarios, incluyendo militares de la cúpula, comprometidos en esta ilegalidad. Pero el asunto no queda aquí. De acuerdo al contrato, se compraron 30400 Chalecos balísticos IIIA (564 USD c/u), 983 placas y porta placas III (480 USD c/u), 113 Chalecos internos (495 USD c/u), 29247 Cascos balísticos Mich corte bajo IIIA (235 USD c/u), 2169 Cascos balísticos Fast corte alto IIIA (237 USD c/u), 57766 placas balísticas (158,50 c/u). Todo esto suma el precio de 34 216 384 dólares. Según el contrato, las especificaciones de protección eran IIIA y III, de acuerdo a la norma National Institute of Justice (NIJ) 0101.04 y 0101.06, que marca los estándares de calidad para este tipo de equipos. Ahora, en el ejército había sospecha de que los materiales no cumplían con los estándares, así que el Comando General del Ejército, pidió el 31 de diciembre de 2024, hacer un análisis. Los expertos del ejército, Rosero y Guerra, presentaron dos informes, del 6 y 13 de enero de 2025. Los que se resumen, en que no se dejó participar a la comisión del ejército en las pruebas y que las valoraciones por la NIJ 0101.06, corresponden solo a la velocidad de la munición, la que sería, 319,75 m/s, y que no llega ni siquiera al nivel IIA.
Los niveles de blindaje de acuerdo a la NIJ corresponden a IIA, II, IIIA, III, IV, y tendrá requisitos específicos de acuerdo al código, por ejemplo, NIJ 0101.06. Es decir, la velocidad 319 m/s no se ajusta al requerimiento de la norma NIJ 0101.06, para el IIIA y III. Hay todo un conjunto de procedimientos científicos y técnicos que prueban la calidad, además de los balísticos, como pruebas de humedad, temperatura, daño mecánico, durabilidad y otros. Como todo procedimiento científico, requiere de una metodología pertinente, contrastada, verificable, registrada, documentada, rigurosa. En este caso, debería ser con empresas certificadas y técnicos independientes, de los funcionarios involucrados en el negocio fraudulento, que no hicieron más que un show de feria. De estas pruebas, depende no solo la calidad, sino la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas que trabajan en las Fuerzas Armadas. El perjuicio no solo es monetario, sino moral, es un acto de sabotaje contra el mismo Estado. El gobierno ha traicionado a la patria, en medio de la peor crisis de inseguridad de la historia del Ecuador; que acaba de posicionarse como el primer país en violencia y homicidios en América Latina en 2024, con 38,8 homicidios por cada 100 mil habitantes.