Los estudios actuariales al IESS y la alternativa popular
Por Henry Izurieta
El tan esperado estudio actuarial sobre el IESS, al menos parcialmente, ya es de dominio público. Está disponible en la web de la institución. Hasta el momento contempla el seguro de invalidez, vejez y muerte. Al decir de los directivos del instituto los estudios actuariales sobre el seguro de salud y seguro social campesino y riesgos del trabajo se entregarán en las próximas semanas.
El estudio presentado -sobre el IVM- tiene una proyección a 40 años, 2019 al 2058 y fue realizado con información hasta diciembre del 2018. Cabe resaltar que, según sus autores, la Dirección Actuarial del IESS, fue realizado aplicando las normas internacionales para el efecto y, además, fue auditado, como dispone la ley, por una empresa externa independiente, cuyo informe también es de dominio público.
La primera gran conclusión es que la situación no es tan grave como aquella que nos han presentado años atrás. Según el escenario que se analice, el seguro de pensiones entraría en déficit en el 2023 o nunca. Sobre esto vamos a profundizar más adelante.
La situación actual
La tendencia mundial en lo que tiene que ver a la seguridad social se expresa principalmente en el aumento de la edad de jubilación, aumento de los aportes personales, reducción de las prestaciones y reducción del aporte estatal, además del traspaso al sector privado el manejo de los recursos y entrega de pensiones.
En ese ambiente los últimos años se desarrolló una campaña para conseguir que la población, especialmente afiliados y jubilados, acepten esas alternativas como las únicas posibles para, por lo menos, tener algo y no perder todo. Así se explican los resultados escandolosos de Volrisk que presentó déficits que superaron el billón de dólares y que abrieron la puerta a la campaña en mención.
Pero la tendencia mundial se sustenta en hechos reales que vale la pena recoger y analizar.
La esperanza de vida
Por diversas razones, entre las que destacan las mejoras en los sistemas de salud en todo el mundo, el tiempo de vida de las personas hoy es mayor que hace cincuenta años. Esto ha conllevado a que los índices de mortalidad tiendan a la baja.
Actualmente un ecuatoriano que tenga 60 años de edad tiene una esperanza de vida de por lo menos 16 años más, es decir hasta los 76 años, si es ecuatoriana las estadísticas dicen que vivirá unos tres años más que un varón.
La ley de seguridad social dispone que los cálculos se deben realizar con un promedio de quince años de entrega de los beneficios de la seguridad social a los jubilados. Con lo expuesto en el párrafo anterior los jubilados estarían viviendo un año más de lo previsto, mientras que las jubiladas cuatro años. Por ello varios voceros y expertos en seguridad social sostienen que solo se debe cumplir lo dispuesto en la ley, esto es entregar los beneficios de la seguridad social a los jubilados y jubiladas por quince años, lo cual conlleva a que los hombres se jubilen a los 61 años de edad mientras que las mujeres a los 64 años.
El bono demográfico
Pero también se ha reducido el índice de natalidad. La tendencia en el mundo es a que las mujeres tengan cada vez menos hijos y cada vez más tarde. Ecuador, se ha incorporado, aunque tarde, a esa tendencia, lo que ha dado como resultado que el denominado “bono demográfico” tienda a desaparecer. Esta frase no es más que la relación entre población en edad de trabajar y aquella que superó esa edad. En Ecuador las personas jóvenes predominan en número frente a los mayores. Esto tiene directa relación con el número de hijos que las mujeres procrean.
Los estudios actuariales presentan al año 2018 que el grupo de edad más numeroso está entre los 0 y 4 años. Veinte años después, en el 2038, el segmento etario más grande será el comprendido entre los 15 y 19 años. Luego, en el 2058, ese grupo será el que tenga entre 35 y 39 años de edad.
Esto nos dice solo una cosa: la tendencia de la población ecuatoriana es a envejecer. Siendo la principal razón que cada vez nacen menos personas, el índice de natalidad se reducirá en el tiempo. Para esos años las mujeres en promedio tendrán menos de dos hijos.
Según algunas predicciones demográficas, el Ecuador para el año 2100 comenzará a reducir su población.
El bono demográfico es importante porque es el sostén de un concepto fundamental en el sistema de seguridad social: la solidaridad intergeneracional.
Los jóvenes, los aportantes sostienen a los mayores, a los jubilados. Actualmente existen 6.93 afiliados por cada jubilado, pero para el año 2058 se dice que solo habrá 2.51. No se tiene conocimiento sobre si pudiera existir algún hecho que cambie esta situación y haga que la relación afiliados-jubilados revierta su tendencia y aumente el número de afiliados o disminuya el número de pensionistas. Si por las tendencias demográficas se trata habrá cada vez menos jóvenes.
Los propios estudios actuariales confirman la tendencia a que esa relación tienda a disminuirse, lo que conlleva a que, dolorosamente, se pueda sostener que el concepto de solidaridad intergeneracional ya no será aplicable, aunque como concepto sea muy atractivo.
Una alternativa válida para enfrentar este problema es lograr que los trabajadores que no están afiliados se afilien. A diciembre del 2019, el INEC nos dice que solo el 29.2% de las personas que tienen un empleo están afiliadas al IESS. La relación afiliados por jubilado podría mejorar con una fuerte campaña de afiliación, pero esto implica comprender, de parte de las autoridades del instituto, las características del desempeño económico de millones de trabajadores que no están afiliados para proponerles alternativas viables para que exijan o concreten su integración al sistema de seguridad social.
Aunque está en “vigencia” por un tiempo más en Ecuador el Bono demográfico lo cierto es que en el futuro no habrá suficientes afiliados jóvenes que sostengan a los jubilados. La solidaridad intergeneracional ya no va más.
Las tendencias del trabajo
Los empresarios, cuando crean una empresa, tienen por objetivo obtener ganancias, no generar empleo. Deben contratar personal para aprovechar de su trabajo, eso sí.
Toda la estructura social está diseñada para proporcionar mano de obra a las empresas que son, por propia expresión, los generadores de empleo, pero eso no significa que todos quienes quieren trabajar lo puedan hacer. Esa posibilidad está fuertemente limitada por una variable fundamental para el empresariado, especialmente el grande: sus ansias de obtener utilidades. Entre ganar más y dejar sin empleo a una persona generalmente el empresario escoge lo primero.
En el sistema capitalista la razón de ser de una empresa no es la de generar trabajo es la de generar utilidades para su propietario por eso generar utilidades tiene que ver con reducir los costos y parte de los costos que se reducen generalmente son los costos de mano de obra. La tendencia es a reducir el número de empleados.
Es tan cierto esto que entre los desarrollos de la tecnología se cuentan los relacionados con aquellas actividades que los aparatos tecnológicos pueden hacer en vez de las personas. En Estados Unidos se discute el impacto que tendrá en el empleo la aplicación de la “inteligencia artificial” ya que ésta puede realizar actividades complejas que se creía reservadas únicamente para las personas. En ese país se dice que en las próximas décadas el 40% de mano de obra humana podría ser reemplazada por máquinas controladas por inteligencia artificial. En relación a la seguridad social el número de afiliados tendría tendencia a reducirse por lo que, otra vez, la relación afiliados-jubilados también se reducirá.
Los empresarios ecuatorianos sostienen que no están en posibilidad de contratar más personal debido a las “fuertes” restricciones que deben enfrentar respecto a las condiciones de trabajo. Las disposiciones legales, conseguidas por las exigencias de los trabajadores, limitan la posibilidad de contratar a personas con salarios inferiores al mínimo vital, ni hacerlo sin afiliarlo al IESS, entre otras condiciones que a los empresarios los limitan. Ellos quieren generar más empleo pero a condición de no respetar las condiciones actuales, ellos pretenden precarizar el trabajo, aún más. En esas circunstancias no se puede avisorar que de parte de los empresarios haya el interés de generar empleo.
El impacto del correísmo en el seguro de pensiones
La Ley de justicia laboral
Entre los años 2008 y 2014 los ingresos del IESS se incrementaron constantemente gracias a la campaña que realizó para incorporar nuevos grupos de trabajadores al ejercicio de este derecho.
En el año 2015 en la presidencia del economista Rafael Correa se puso en vigencia la Ley de justicia laboral que eliminó la obligación estatal de entregar el 40% como contribución para el pago de las pensiones jubilares. Eso significó que el 100% de las pensiones sea cubierto por el instituto. En el año 2018 la corte constitucional resuelve que esa disposición de la mencionada ley es inconstitucional por lo que la obligación del Estado se restituye pero solamente a partir del año 2019, es decir entre abril del año 2015 y diciembre del año 2018 esos recursos no fueron entregados lo cual generó un perjuicio que está calculado por el estudio actuarial en mención en 5194 millones de dólares. Si esos dineros se hubieran invertidos hubiesen producido la cantidad de 737 millones, lo cual significa que en total el estado ecuatoriano le perjudicó en ese periodo, por efectos de la ley de justicia laboral, con la cantidad de 5932 millones de dólares.
La resolución 501
El mismo gobierno, en el mismo año 2015, autoriza, a través de su delegado en el Consejo Directivo el economista Richard Espinoza, el cambio de las tasas de aporte de forma tal que con la resolución número 501 del 13 noviembre del 2015, se reduce el porcentaje de participación del seguro de pensiones del 9,74% a sólo el 5 96%. Establece una escala de paulatino retorno a la situación anterior hasta el años 2021. Actualmente, en el año 2020, ese aporte subió al 9,96%.
Este seguro dejó de recibir la cantidad de 2197 millones de dólares por efectos de la resolución 501. Mismos que si se hubiesen invertido hubiesen producido 278 millones de dólares en intereses. Así, con esta medida se perjudicó al seguro de pensiones en 2475 millones de dólares.
Las desinversiones del IVM
Las anteriores medidas obligaron a que el IESS deba desinvertir sus reservas para hacer frente a su obligación de entregar las pensiones jubilares.
A lo largo de cuatro años se retiraron 5511 millones de dólares de las reservas, mismo que si se mantenían invertidos producirían 519 millones en intereses. Asi, con esta desinversión se perjudicó a este seguro en la cantidad de 6031 millones de dólares.
Los estudios actuariales determinan que el seguro de invalidez, vejez y muerte con las medidas señaladas fue perjudicado en total en la cantidad de 8.927.010.466,09 dólares calculados a diciembre de 2018.
Deuda del Estado y empresarios
El estudio actuarial no realiza la revisión de las deudas que para este seguro pudieran tener tanto los patronos como el Estado en su doble condición de empleador y responsable de la seguridad social.
Se sabe, por información de prensa, que ambos sectores adeudan al IESS. En total, los empresarios estarían debiendo la cantidad de 1200 millones de dólares que corresponden al total de sus aportes, que incluyen sus aportes a este seguro pero también los de sus trabajadores ya que es el empleador el encargado de realizar los respectivos descuentos y entregar esos dineros al IESS.
Respecto del Estado se conoce que en los años anteriores al 2015 no cumplió con el total de aportes por el 40%, pero esa información no se conoce oficialmente.
El IESS oficialmente no ha dado a conocer su posición sobre la información de sus estudios actuariales que definen el valor de 8.927.010.466,09 dólares como la cifra que habría dejado de recibir esa institución por las decisiones del gobierno. Sin embargo esa cantidad debe ser reclamada por los afiliados y jubilados como la deuda estatal al seguro de pensiones.
Consideraciones fundamentales
Para realizar este estudio se definieron ciertas condiciones económicas que condicionan el resultado.
Se definió una inflación promedio anual de 1.83%, lo cual está cerca de la realidad actual, pero que no tiene en cuenta la tendencia de los últimos años que es a la reducción de varios de los precios, al punto que se habla de inflación negativa, como fue el caso de los años 2017 y 2019 que tuvieron inflaciones de -0.20% y -0.07% respectivamente, mientras el 2018 es de apenas 0.27%. Es decir la tendencia los últimos años es en torno a cero. Pero la economía ecuatoriana es lo suficientemente volátil como para no generar ninguna seguridad en torno a este parámetro.
Por el lado de los salarios se plantea un crecimiento anual del salario básico del 2.53%, esto es un 38% de incremento salarial por sobre la inflación estimada. Lo que a la luz del comportamiento de gobierno y empresarios es poco probable que se vaya a convertir en realidad ya que ambos sectores no tienen predisposición en el incremento de la masa salarial, al contrario, intentan siempre reducirla por dos vías sin incrementar salarios y/o reduciendo personal. Esto es importante porque, entonces, si el nivel de salarios es inferior, consecuentemente también lo será el monto de los aportes al IESS.
Un factor sumamente importante que define el estudio es su expectativa de crecimiento económico que la ubica en el 1,67%. En realidad se proyecta una economía estancada, un PIB per cápita con tendencia a disminuir, como viene sucediendo en los últimos años. Reflejaría una economía con poca capacidad para absorber la mano de obra, lo que se traduciría en un grave problema social y desde el punto de vista de la seguridad social, la incapacidad de alcanzar otra meta, esto es pasar del 36,29% actual de población afiliada en relación a la PEA al 52,06% en el 2058.
En el contexto de la economía capitalista si la tasa de crecimiento poblacional supera la tasa de crecimiento económico tenemos un país con crecimiento insuficiente que probablemente no esté en condiciones de generar los empleos con salarios mínimos necesarios para llegar a tener, por lo menos, la mitad de la PEA afiliada a la seguridad social. En esas condiciones los empresarios, en el mejor de los casos, contratarán personas en condiciones de precariedad, es decir, sin cumplir sus responsabilidades patronales.
De este análisis entonces tenemos dos puntos importantes que afectarían negativamente a los ingresos: las proyecciones de incremento salarial y de afiliación.
Un grave problema para los futuros jubilados es la tasa de reemplazo que es la relación de la pensión del jubilado con el salario cuando era afiliado aportante. Actualmente la tasa de reemplazo promedio es del 86.97%, es decir que la pensión promedio de los actuales jubilados equivale al 86.97% del promedio de los salarios que obtuvo durante los cinco mejores años en su trabajo. De hecho es de las mejores tasas de reemplazo de América, pero el estudio actuarial define que al 2058 progresivamente se reduzca hasta llegar al 69,28%. En términos de capacidad adquisitiva, en una época vital en que la principal necesidad son medicinas que generalmente son costosas, resulta injusto y, además, un mecanismo político para evitar la protesta de los actuales jubilados que no sufrirían mayormente el impacto de esta decisión.
Finalmente la previsión que hacen los estudios para la tasa actuarial, es decir los intereses mínimos que se obtendrían en las inversiones del BIESS es del 6,25% anual, lo cual, si se toma en cuenta el rendimiento promedio obtenido y declarado por este banco es adecuada. En cambio, la OIT, a la luz de las tasas de interés internacionales, sostiene que debería ser del 4%. Una gran diferencia que es definitoria a la hora de declarar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Los escenarios planteados
Bajo las condiciones anteriores los estudios actuariales plantean tres escenarios que exponen la situación que atravesará el IESS hasta el año 2058, en función de la variación del aporte estatal del 40% a las pensiones. Esto deja entrever la intencionalidad desde el ejecutivo de tratar auscultar las consecuencias de reducir su participación en la cobertura de esta prestación debido a que, como otros estudios demuestran, en el transcurso del tiempo cumplir la responsabilidad de aportar ese 40% a las pensiones se volverá insostenible económicamente, debido a que progresivamente se irá incrementando.
Actualmente representa menos del 2% del PIB, pero para el horizonte de este estudio podría significar un valor en torno al 7% del PIB, casi cuatro veces el actual, algo que sería muy difícil de cumplir.
El otro factor que cambia según el escenario es la tasa suficiente de aporte que, en los hechos, es la decisión que se espera tomar: variar al alza la tasa de aporte.
Se plantean tres escenarios: base, pesimista y alternativo.
El escenario base
En las condiciones actuales el escenario base es el mas recomendable, pues, implica que el Estado cumpla con su responsabilidad de entregar el 40% de aporte para pagar las pensiones y que la tasa de aportación a este seguro pase del actual 9,96% al 11,03%, teniendo en cuenta que, según la resolución 501 el aporte a este seguro subirá en el 2021 a 10,56%, es decir, habría un incremento real de 0,47%.
Pero, para todos los escenarios, es necesario tener en cuenta la decisión de la Corte Constitucional que dispone que el IESS encuentre financiamiento para el pago de los sobresueldos de las pensiones jubilares, lo que deja entender que abre las puertas para el incremento de los aportes, también por ese lado.
Además, las reservas, en este escenario, se acumularán constantemente hasta entrados los años 2030 para luego comenzar a decrecer hasta el año 2053 en que aparecerá el déficit, en valores actuales de 4551 millones de dólares.
El escenario pesimista
El IESS, entre sus previsiones contempla la posibilidad de que el Estado no entregue su aporte a las pensiones. Si esto sucediera para el año 2023 las reservas ya se agotarán y la tan temida crisis del IESS por falta de dinero para pagar pensiones se concretará. A valores actuales el déficit para el año 2058 sería de 70268 millones de dólares.
Sin embargo, si esa situación se concretara el estudio actuarial prevé que los aportes a este seguro suban al 18.84%.
El escenario alternativo
El presidente del Consejo Directivo del IESS recientemente hizo público que el gobierno solo entregó el 28% del 40% que le corresponde como aporte para el pago de pensiones jubilares para el año 2019. Esa afirmación corresponde a las características de este escenario que supone, coincidentalmente, la entrega de solo el 28% como aporte del Estado a las pensiones.
En esas circunstancias, la crisis de este seguro se presentaría el año 2038, cuando los recursos se agoten siendo el déficit a valor presente en el año 2058 de 24266 millones de dólares.
Escenario propuesto
La empresa contratada para auditar los estudios actuariales también analiza la situación y propone otro escenario, el cuarto, en el cual el Estado cumple su actual responsabilidad de entregar el 40%, pero además al año 2058 todavía no se presentará ningún déficit, al contrario habría un superávit superior a mil millones de dólares.
Sin embargo, para lograrlo, plantea que la tasa de aporte se incremente hasta el 12.5%.
Otras realidades intocadas
El estudio actuarial que analizamos proyecta la situación actual del IESS sin mayores cambios respecto de la cobertura y condiciones en que se entrega este derecho.
Claramente, ni los estudios, ni las autoridades ni del IESS, ni del país siquiera mencionan el derecho plasmado en la Constitución de que todos los ecuatorianos tienen derecho a la seguridad social.
Obviamente el principal obstáculo siempre presente es la falta de recursos económicos, además justificaciones como que desde el ministerio de Salud y otras instancias ya se lo hace o que ese no es un problema del IESS pues este solo entrega seguridad social a sus afiliados. Estas entre otras suenan como justificaciones para eludir el problema.
Por supuesto que es importante hacer la diferenciación entre lo que es el IESS y la Seguridad Social. El primero es parte de lo segundo. Al IESS, principalmente, tienen acceso las personas que tienen un trabajo y aportan a esta institución, es decir es lo que se conoce como seguro contributivo. Sus beneficiarios contribuyen para luego obtener sus derechos. Pero esta situación no anula el derecho que tienen los que no trabajan y no aportar a recibir seguridad social. Tampoco condiciona a que esa seguridad social sea de menor calidad por el hecho de no aportar.
Sin duda los aportantes y los que no aportan reciben -o recibirían- derechos cuyo financiamiento debe tener algún origen.
Se equivoca el aportante que sostiene que sus beneficios los paga exclusivamente con sus aportes. Fácilmente se puede demostrar que los aportes de un jubilado -incluido los intereses que produzca- no cubren sino entre los cinco y diez primeros años de su jubilación, luego el aporte de la sociedad es indispensable. Es decir, debe contar con el apoyo de la sociedad de la cual el no-aportante forma parte.
Este es un concepto solidario pocas veces analizado y menos todavía reconocido. La sociedad apoyando a sus mayores. El que no tiene nada o muy poco apoyando, como parte de esa sociedad, a sus mayores, a los jubilados.
Esta característica del sistema de pensiones es poco conocida, casi oculta, y esa situación conduce a tergiversaciones que integradas al contexto de una sociedad individualista, se expresa en posiciones egoístas, exclusivistas de algunos sectores que para el caso del IESS sostienen que este es de sus afiliados y que el derecho de los demás debe ser cubierto por el Estado. Lo cual no deja de ser cierto pero absolutamente egoísta pues niega la posibilidad de que sea un problema social a ser enfrentado por esa sociedad y que encuentre salida con el aporte de toda ella.
Por supuesto que es responsabilidad del Estado, sin embargo algunos parece que dijeran: mientras que cumpla conmigo, no es importante lo demás y eso lo debe hacer el Estado. Dejando a un Estado, también indolente, cuyos propósitos en el discurso siempre van en la dirección de entregar derechos pero cuyas acciones y egresos económicos van en la dirección contraria, que lo haga. Tradicionalmente lo que sucede es que millones se quedan sin ejercer ese derecho.
Más del 60% de personas que actualmente trabajan no están afiliadas al IESS. Este es un primer ámbito de trabajo. Quienes dicen que el IESS es solo para los trabajadores deberían encontrar mecanismos para que ese 60% de trabajadores se incorpore, se afilie.
Entre este grupo enorme de trabajadores están los comerciantes minoristas que hace años hicieron una propuesta al IESS para que los incorporen a la seguridad social, están los vendedores ambulantes, las señoras vendedoras de los mercados, los trabajadores de la construcción, los choferes y sus ayudantes, los mecánicos, los lustrabotas, los carameleros, los recolectores de basura, los estibadores, los ayudantes de una serie de actividades productivas que no alcanzan el salario básico y por consiguiente no pueden estar afiliados, las meseras, las cocineras, los trabajadores del campo, los trabajadores del mar y un enorme etcétera de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que tienen el derecho a incorporarse al IESS pero que al tener trabajos precarios, que no les reconocen el salario mínimo o que teniéndolo llegan a acuerdos con sus patronos de no afiliarse a la seguridad social, son un enorme grupo que no puede acceder ni a jubilación, ni a salud, ni a préstamos, etc.
Muchos de ellos quisieran afiliarse pero no lo hacen porque, por ejemplo, para una persona que vende algún artículo en la calle y logra acumular al mes unos 300 dólares con los que debe sostener a su familia le es imposible dedicar unos 70 dólares mensuales para afiliarse voluntariamente. Para ellos se debe diseñar otra alternativa que les proporcione acceso a salud, pensiones, préstamos, etc. y por lo cual deban aportar valores que no afecten mayormente a su economía.
Dar acceso a la seguridad social a quien trabaja abre también la posibilidad de enfrentar el problema de la política clientelar fomentada con los subsidios que han profundizado una serie de taras.
A diciembre 2019, según el INEC, existen en el Ecuador más de 4 millones de personas que son parte de la Población Económicamente Inactiva (PEI), son personas que estando en edad de trabajar no lo hacen, entre ellos están los jubilados, que superan el medio millón de personas.
Por otro lado están quienes no tienen edad de trabajar, es decir son menores de quince años que son en torno a los cinco millones de personas. Hablamos de un número superior a las ocho millones de personas que no tiene seguridad social o reciben muy poco de ella. Dentro de este enorme grupo están varios subgrupos que normalmente han sido relegados: los niños, los ancianos, los indígenas, las mujeres.
Los niños, fundamentalmente los de origen humilde, son víctimas de las desigualdades sociales desde que nacen. Una deficiente atención en salud que se refuerza en su vida diaria en ambientes inadecuados le trae como consecuencia deficiencias en su crecimiento tanto físico como intelectual. Por el lado de los ancianos se puede confirmar en las calles de las grandes ciudades su suerte si viven en pobreza. No tener una pensión jubilar ni un familia que los ayude o proteja es tener la certeza de un resto de vida en condiciones deplorables y muerte angustiosa.
Los indígenas en su enorme mayoría han sido relegados a vivir en condiciones de pobreza en territorios poco productivos, fuertemente influidos por la cultura dominante lo que hace que todos perdamos al abrirse la posibilidad de que su propia cultura desaparezca. Ellos son la muestra de una sociedad despreocupada de quien necesita: vivienda en condiciones difíciles, sin acceso a agua potable, víctimas de enfermedades facilmente prevenibles, con pocas oportunidades.
Las mujeres con su lucha diariamente dan a conocer la injusticia de la cual son víctimas, tanto en sus hogares, cuanto en sus lugares de trabajo. Esa situación se profundiza en función del nivel de ingresos económicos. La mujer que tiene pocos ingresos, está a cargo de sus hijos y no tiene una pareja que sea corresponsable tiene graves problemas de subsistencia.
Esos son sectores que sin ser de trabajadores deben recibir el apoyo social para que logren superar sus inconvenientes materiales.
Las políticas de seguridad social no han logrado enfrentar los problemas de estos sectores.
La seguridad social como un derecho establecido en la Constitución debe concretarse a partir de profundizar en las realidades descritas y enfrentarlas.
Sostener que el IESS es de los trabajadores y no hacer nada para solucionar el problema en su conjunto es preferir cerrar los ojos frente a una realidad que agobia a la mayoría para luego, siendo afiliado o jubilado ser acusado -como lo están haciendo los sectores de grandes empresarios- de ser parte de un grupo de privilegiados que tiene salario, pensión jubilar, sobresueldos, medicinas, etc. en oposición a una enorme mayoría de trabajadores, más del 60% de personas que tienen un trabajo estable, que no tienen acceso a los beneficios del IESS.
Este desinterés que tienen algunos sectores de jubilados y afiliados para abordar el problema de la seguridad social para todos, coincide con el interés que tienen otros sectores para dejarlos a ellos -jubilados y afiliados- sin el apoyo estatal y, promover que los pocos recursos que tiene el Estado se los de a través de bonos a los que menos tienen, lo que tiene un buen respaldo social, pero puede reducir la cobertura que tengan los actuales y futuros jubilados.
En el fondo es una decisión de orden político sustentado en la concepción ideológica que grupos o personas tengan sobre el problema.
Unos, los individualistas, egoístas, quienes sostienen las posiciones liberales que promueven las capacidades individuales, supuestamente encuentran en el desarrollo de estas el bien común y consecuentemente la satisfacción de sus necesidades, entre ellas las que cubre la seguridad social. Es decir, cada cual debería proveerse de la seguridad social que pueda. Así se explica, por ejemplo la propuesta que ellos plantean sobre que sean las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) quienes administren los recursos de las pensiones, de forma que si alguien tiene un buen sueldo y aporta tiene asegurada una buena pensión en su retiro. Pero ellos no han resuelto el problema de qué hacer con quien no está en esas condiciones.
Los otros, quienes sostienen que la persona se desarrolla en el contexto de una sociedad, que el colectivo contribuye a esa formación, que la solidaridad es un valor fundamental del ser humano y que se expresa en la preocupación social porque el conjunto de la sociedad alcance bienestar y por consiguiente la seguridad social debe llegar a todos, siendo esto responsabilidad de toda la sociedad.
Dos visiones diferentes sobre el mismo asunto. Los primero ubicados políticamente en la derecha, los segundos con la izquierda.
No es por azar del destino que aquellos ubicados en la derecha también suelen ser propietarios de los grandes medios de producción, tienen importantes cargos, etc. se puede decir que económicamente les va bien. La teoría económica revolucionaria sostiene que les va bien porque se aprovechan del esfuerzo de los demás. Tampoco se puede ocultar que dentro de esta tendencia política también están personas que no tienen ese nivel de vida. Esto ocurre porque no logran entender el juego político y son fáciles presas de las acciones propagandísticas.
Por el lado de los segundos se plantea una propuesta para encontrar alternativas para entregar seguridad social a todos.
El Quinto escenario, la seguridad social que los ecuatorianos nos merecemos
El FUT, el Frente Popular y prácticamente todas las organizaciones sociales que velan por los derechos de las personas se oponen a los cambios que desde varios sectores se impulsa reduciendo las prestaciones a afiliados y jubilados.
El actual modelo de financiamiento del IESS no funciona. Las medidas que se toman solo intentan soluciones parches, “patear la pelota hacia adelante” dejando el problema a los que vengan. La cantidad de dinero que se necesita para el seguro de pensiones es enorme. Se vuelve indispensable una visión diferente para enfrentar el problema, sin afectar a la población.
Desde el Frente Unitario de los Trabajadores y el Frente Popular se propone al país la creación del Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana (FONSSE), cuya decisión de darle vida fue aprobada en el Primer Congreso de Afiliados, jubilados y Pensionistas realizado el 17 de noviembre de 2018 en la ciudad de Guayaquil, convocado por el FUT. Deberá tener como uno de sus principios fundamentales capitalizar los recursos que se depositen en él con el suficiente tiempo: 20 años, en principio, hasta que los estudios pertinentes lo ubiquen en el tiempo y monto óptimos.
Como se puede ver en la gráfica, la línea roja representa los egresos en pensiones calculados por Volrisk hasta el año 2053, mientras las barras verdes representan los dineros acumulados por el Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana (FONSSE) a una tasa de interés promedio del 7% anual. Es evidente que el FONSSE podrá acumular más recursos que los proyectados para cubrir las pensiones jubilares.
Logrando que este fondo tenga el tiempo suficiente para capitalizarse y sea adecuadamente administrado, es decir impidiendo que los corruptos metan sus manos, se podrá cubrir los costos de mantener las prestaciones del IESS y de la seguridad social para las futuras generaciones.
Las fuentes de financiamiento del Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana
•Las reservas del IESS que están actualmente invertidas y se encuentran en torno a los 17 mil millones de dólares
•Incremento de impuesto a la renta a las 1000 empresas que mas utilidades registren cada año hasta el 1% del PIB.
•Incremento de aporte patronal a esas mil empresas y al gobierno en el 5%, para llegar al 17%.
•Cobro de deudas de empresarios (1200 millones de dólares) y gobierno al IESS
•Incremento del aporte estatal del 40% para cubrir las pensiones al 60%, confirmado con los estudios actuariales
•25% de los recursos recuperados de la corrupción. 100% de los dineros recuperados de la corrupción en el IESS y BIESS.
•El 25% de los excedentes petroleros
La seguridad social de los ecuatorianos es tan importante que los esfuerzos realizados por el país para acumular los recursos de este Fondo lo valen.
El FONSSE se caracterizará por:
•Período de capitalización definido por los estudios actuariales, en principio al menos 20 años.
•Independencia de los recursos de cada seguro. Cada seguro tiene sus recursos claramente definidos y diferenciados, así los correspondientes al IESS: seguro de pensiones, seguro de salud, seguro social campesino, riesgos del trabajo, Fondos de reserva. Otros fondos como: para la niñez, los pueblos indígenas, etc.
Las organizaciones sociales del país convocarán a todos los habitantes para definir “la seguridad social que nos merecemos”.
Proceso de aplicación
El proceso contemplará fases:
Primera fase: Tomar correctivos y aplicar soluciones
•Auditoría integral al IESS y BIESS
•Nuevos estudios actuariales con los parámetros propuestos por los afiliados, jubilados y sus organizaciones
•Auditoría al tarifario de salud y su aplicación
•Cobro de deudas a gobierno y patronos con sus respectivos intereses y multas
•Reformas a la Ley de Seguridad Social
•Creación del Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana
•Aporte de los que más tienen a la Seguridad Social
•Contraloría Social a las acciones administrativas y operativas del IESS y BIESS
•Elección democrática del representante de los trabajadores ante el IESS
•Convocatoria a Congresos de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS, tantos como haga falta para solucionar los problemas y que garanticen que los dueños decidan sobre su destino.
En esta fase los recursos obtenidos para la seguridad social se dividirán en dos partes:
1. El incremento del aporte estatal, del aporte patronal será distribuido, acorde a los estudios actuariales, para cubrir el déficit del IESS y cubrir todas sus prestaciones.
2. El resto de los recursos recibidos serán parte del FONSSE para entregar este derecho a las personas que no están incluidas en los beneficios que presta el IESS.
Segunda fase: Consolidación de las decisiones
Una de las principales acciones que se realiza en esta fase será la convocatoria a las organizaciones sociales populares para definir los alcances que esperan que tenga la seguridad social. Esos conceptos serán los insumos para la realización de nuevos estudios actuariales que modificarán la estructura y distribución de los recursos del Fondo.
Aprobación de una nueva ley de Seguridad Social recogiendo las decisiones del país respecto a “la seguridad social que nos merecemos”, concretando la aspiración de que al IESS lo dirijan los trabajadores.
Cárcel a los que perjudicaron al IESS y BIESS y devolución de lo robado.
Creación de la empresa productora de medicinas de propiedad del IESS
Convertir al BIESS en banca universal.
Las dos primeras fases se ejecutan a los largo de los primeros 20 años en los que el Fondo se capitaliza.
Tercera Fase: Concreción de los esfuerzos
Retiro programado y controlado de los recursos ahorrados en el Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana para ser utilizado en:
•Entrega de pensiones y atención en salud a los afiliados y jubilados del IESS
•Entrega de beneficios de la seguridad social a los ecuatorianos que no tienen relación con el IESS