Por Isabel Vargas Torres*
En medio del contexto convulsivo que vive el país, el Gobierno y su ministra de Educación sin empacho alguno, emitieron el pasado 18 de febrero, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). El reglamento es en los hechos una reforma a la ley que fue alcanzada luego de dos huelgas de hambre; es un reglamento inconstitucional y violenta los derechos del Magisterio, estudiantes y de la comunidad educativa; el cual entre otros aspectos plantea:
1.- Retrasa el desarrollo de políticas públicas, para prevenir los tipos de violencia al interior y exterior de los planteles educativos.
2.- Genera sobrecarga laboral y administrativa a los docentes e instituciones educativas: con “actividades de acompañamiento” que no cuentan con la infraestructura necesaria, materiales pedagógicos y al margen del Art. 117 de la LOEI.
3.- Promueve la privatización de la educación pública, bajo el nombre de apadrinamiento por parte de organismos privados, así el Estado se deslinda de su obligación de asignar el presupuesto del 6% del PIB para educación; cubrir las necesidades educativas: infraestructura, alimentación escolar, textos escolares, uniformes, partidas docentes, conserjes…
4.- Establece la entrega de nombramientos provisionales y no definitivos a los ganadores de concurso. A esto se suma que no existe incremento de partidas docentes para el Concurso de Méritos y Oposición que se encuentra en marcha, apenas se destinarán 400 partidas con nombramiento permanente para Educación General Básica. Es menester señalar que existen más de 74 mil docentes aptos y elegibles a los cuales incluso se los busca dejar fuera de la evaluación práctica (clase demostrativa) mediante requisitos por fuera de la ley.
5.- Ubica exigencias al margen de la ley para que el Magisterio, acceda a su legítimo derecho de ascender y recategorizarse automáticamente como lo estipula la LOEI.
6.- El Gobierno y el Ministerio de Educación mediante el reglamento elimina las funciones del Consejo Ejecutivo, Junta Académica, Junta de Docentes y Directivos; no se da paso a los concursos de méritos y oposición de directivos y subrogación de funciones en los planteles educativos, todo esto para la aplicación de la política vertical, en el sistema educativo.
7.- Más de 195 mil niños, niñas, adolescentes continúan fuera de las aulas ya que MinEduc no cumplen con el plan de reinserción escolar como establece la LOEI. Razón por la cual varios menores de edad están siendo cooptados por mafias delincuenciales.
8.- El reglamento sabotea la ejecución de la Transitoria Trigésima Tercera (proceso de recategorización para docentes con más de 25 años de servicio). Ratifica la discriminación en la equiparación salarial a más de 11 mil profesores. No garantiza el presupuesto necesario para educación; no convoca a Concurso de Méritos y Oposición al personal DECE, UDAIE a los cuales incluso se los excluye del escalafón.
Frente a esta situación de abandono a la educación, salud y trabajo la Unión Nacional de Educadores convoca a la “toma de Quito”, mediante una marcha nacional, este sábado 25 de marzo a las 10:00, concentración “Caja del IESS”.
De la misma manera ratificamos nuestra exigencia a la Asamblea Nacional y Corte Constitucional para que avancen con el juicio político como establece la norma constitucional.
*Presidenta de la Unión Nacional de Educadores UNE