Motínes y atentados institucionales

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Por Jaime Chuchuca Serrano

En los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1531), Maquiavelo explicaba que no hay precaución suficiente, del legislador que organiza el Estado, para impedir la degeneración y corrupción de una forma de gobierno. Conocedor del comportamiento humano, el autor renacentista pensaba: no hay Constitución, ni ley, ni disciplina que someta permanentemente la ambición humana.

Citemos algunos hechos. Los grupos que controlan el Estado, suspendieron más de un año el concurso de Contralor (prorrogando a Carlos Riofrío, afín a Lasso); bloquearon el proceso de Defensor Público; impidieron la renovación de dos consejeros del CNE, permaneciendo el mismo pacto. En todos estos concursos, hay responsabilidad del anterior CPCCS, pero también del actual (correísta y socialcristiano), por acción u omisión. Las reyertas entre los actuales jueces de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, busca destituciones en las dos entidades, y el bloqueo del concurso para renovar a los jueces nacionales. La Fiscal, a quien también se ha querido destituir, ha actuado como alfil político, según su conveniencia. Los mismos mecanismos fraudulentos con los que altas autoridades fueron elegidas, son usados por otras fuerzas políticas para la destitución o la imposición.

Por crudo que parezca, estos motines y atentados institucionales pueden causar más calamidades que los carcelarios y de la delincuencia común. En la guerra interna del Ecuador, los ministerios de gobierno, seguridad, defensa y otros, son más centros del reparto de las cuotas, que lugares de planificación antidelincuencia. Las gobernaciones provinciales que deberían ser jefaturas políticas de la policía y militares, son bastiones de organización electoral del oficialismo y adláteres. La SNAI, que controla las cárceles, está a propósito totalmente desarticulada, con escaso personal penitenciario, instrumental, y desconectada de la inteligencia policial y militar. Además de esta terrible situación, altas autoridades civiles, militares y policiales, puertos y aeropuertos, están corrompidos por el narcotráfico.

En política no hay coincidencias, sino planes secuenciales de distintas fuerzas. La reciente denuncia de La Posta, al gobierno de Lasso, por su complicidad en la persecución a periodistas y policías, por el caso el Gran Padrino; además de ocultar información de atentados contra Fernando Villavicencio, son parte de este entramado de motines y atentados institucionales. Para concluir, nos enteramos que Udi Levy, ex jefe del Mossad, suspendió una investigación en nuestro país, por el peligro para sí de los vínculos del narcotráfico con altas autoridades. Pisamos campo minado.

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