Por Mariano Santos N.

Este martes 21 de junio, el ministro de defensa, Gral.(r) Luis Lara, en una declaración de prensa, realizó gravísimas y temerarias acusaciones contra los sectores que protestan y se movilizan en el paro nacional desde el 13 de junio, iniciado por la CONAIE y otros movimientos indígenas, pero al que progresivamente se han ido sumando, trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos, mujeres, médicos, agricultores, etc., cuando sin prueba alguna afirmó que estos están financiados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. El paro no es ya solamente indígena, es un levantamiento del pueblo, es un levantamiento indígena y popular, es decir, que la maliciosa acusación es contra todo un pueblo, que con justísima razón se levanta para exigir sus derechos.

Días antes, otro militar retirado, Fausto Cobo, igualmente sin presentar prueba alguna, dijo algo parecido en una entrevista del canal Teleamazonas. Sin embargo, esto del narcotráfico y la delincuencia, apuntan más bien hacia otro lado, hacia el propio gobierno, como veremos.

Entonces, vale traer a la memoria reciente un hecho trascendental, que tiene que ver justamente con estos temas. Lasso, envió el lunes 29 de noviembre de 2021 al Registro Oficial, la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, más conocida como reforma tributaria, que entró en vigencia por el ministerio de la ley. De acuerdo al art. 22 de esta ley, con un pago que varía entre el 3,5 y el 5,5%, quien tenga activos en paraísos fiscales «legalizan» esos bienes o activos en esos paraísos del exterior.  Pero grave resulta que esta ley enviada por el mismísimo Guillermo Lasso a la Asamblea nacional, va más lejos cuando dispone que esas personas naturales o jurídicas quedan totalmente santificadas, sacramentadas, con el pago de ese módico monto, pues el Estado tiene terminantemente prohibido ejercer acciones legales en lo posterior, sean estas administrativas o penales, según lo dispone el art. 25 de esta ley; textualmente dice:

“No se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo previsto en el presente Libro, procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria ni defraudación aduanera establecidos en el Código Orgánico Integral Penal”.

Increíble, pero cierto, una verdadera audacia, pues ¿quiénes se favorecen con esta ley?

Sin muchas vueltas que darle, los grandes beneficiarios, entre otros, son precisamente, los NARCOTRAFICANTES, la DELINCUENCIA ORGANIZADA, justamente los 2 sectores que, según Lara y Cobo, «financian» a los grupos movilizados, ¡qué coincidencia!

Para remate y para que el «lavado» y el robo, tengan todas las seguridades del caso, Lasso hizo aprobar en esta ley, un artículo que permite guardar con mucho sigilo la identidad de estos caballeros, «inversionistas del hampa», que podrán comprar cualquier cosa, cualquier empresa pública, bien público, a precios bastante módicos, que lo dispone el art. 27, que dice:

«Confidencialidad de la información»- «La información relacionada con la identidad de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente Libro, así como la información proporcionada por éstos en la declaración juramentada tiene carácter reservada y no podrá ser divulgada por el Servicio de Rentas Internas…»

Entonces, con todas estas «coincidencias» de esta ley claramente delincuencial, vale preguntarse ¿quién mismo estaría, no por detrás, sino por delante del narcotráfico y la delincuencia organizada?: ¿los sectores movilizados o el gobierno de Guillermo Lasso, que ha “legalizado” el lavado de activos de los narcos, el lavado de los grandes ladrones?

Ecuatoriano, tú tienes la respuesta.

Por estas y otras razones un grito que se oye con mayor fuerza cada vez, que retumba hasta el cielo, en las calles, plazas y carreteras del Ecuador, es aquel que dice:

¡Fuera Lasso fuera, gobierno popular!

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