Por Comisión de Defensa de la Seguridad Social al país
La aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia contraviene la expresa disposición constitucional que declara que los fondos del IESS son diferentes del fisco y que ninguna institución podrá intervenir o disponer de ellos, por ello la Corte Constitucional debe revisar la constitucionalidad de esta ley.
El objetivo declarado de quienes propusieron y defendieron esta ley es dotar de liquidez al BIESS para lo cual se le posibilita vender su cartera, que, incluidas las inversiones en papeles del Estado supera los USD 27 000 millones, de los cuales USD 12 648 millones corresponden a la cartera en créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios, que sería la cartera de ser susceptible de ser vendida o entregada en garantía. Su venta conlleva pérdidas en la negociación, pues, ningún comprador pagará por ella el 100% de su valor. Lo cual, a su vez, reducirá la rentabilidad del banco, que, difícilmente se recuperará con la inversión de la liquidez obtenida, repercutiendo a la baja en el monto de recursos que el BIESS año a año, entrega la IESS para el pago de pensiones jubilares, especialmente. Además, es preocupante la situación en la que quedarían unas 20000 familias con créditos hipotecarios en mora, que han dejado de pagar sus dividendos por pérdida de empleo, que, con la venta de la cartera vencida y en mora, que según el banco suman USD 1059 millones, corren el riesgo de perder sus viviendas a manos de los nuevos dueños de esa cartera.
Esto lleva a analizar la razón de la falta de liquidez en este banco
En el transcurso de diez años, los ingresos producto de las inversiones del Fondo de Pensiones han pasado de USD 757 millones en el año 2015 a USD 502 millones en el año 2024, un decrecimiento del 33%, a consecuencia de la disminución del monto invertido que pasó de USD 8441 millones a USD 5644 millones, en igual período. Mientras, la deuda estatal sigue en aumento y, según el IESS ya llegó a los USD 27 389 millones, valor sobre el que el gobierno no se pronuncia, aunque en su boletín de deuda, a junio 2025, reconoce una deuda irrisoria de algo más de un millón de dólares, aparte de los valores a verificar -pasivos contingentes- que ascienden a USD 7296 millones, muy lejos de la cifra de USD 27389 millones.
Está claro, el BIESS no tendría problemas de liquidez si el gobierno cumpliera con su obligación. Tampoco tendría que incurrir en riesgos que la ley en cuestión dispone, si el gobierno cumpliera con su obligación. Por desgracia, también está claro que el gobierno no tiene mayor intención de hacer honor a la deuda, secundado por voceros que califican a esa deuda como impagable, posición que debe ser rechazada por todo el país.
Por otro lado, la misma ley dispone que sea el IESS quien financie el proceso electoral para elegir representantes de asegurados y empleadores, confirmando su desinterés, pues, se esperaba que el financiamiento corra de cuenta del gobierno, como responsable de la seguridad social y para no seguir afectando al instituto.
Desde la Comisión de Defensa de la Seguridad Social hacemos el llamado a todo el país a estar atentos a los acontecimientos sobre el IESS, ya que, es conocida la posición sobre el tema que tienen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que son guías de las políticas económicas del actual gobierno.
Finalmente, invitamos a los asegurados al IESS a acudir al Congreso de afiliados, jubilados y campesinos al IESS que esta comisión está organizando para el próximo 18 de octubre de 2025 en la ciudad de Guayaquil.