Por Jaime Chuchuca Serrano
La oligarquía además de usar el Estado para profusos negocios y aumentar su poder en las instituciones, tiene una práctica constante: condonarse a sí mismo las deudas que mantiene con el Estado, o en otras palabras, hacer que el Estado pague sus deudas a través del endeudamiento público. Generalmente estas normas de remisión incluyen a otros grupos de la burguesía y la población para que políticamente las medidas no causen mucho alboroto. La Ley de Integridad Pública (2025), como escribí en otro artículo, en su Transitoria 13 permite la condonación de las deudas.
El Grupo Noboa tiene larga historia en evadir deudas. Por ejemplo, entre 2005 y 2013 el grupo acarreó una deuda de más de 102 millones que incluía recargos y multas. En 2013 el Estado ejecutó el embargo de la Hacienda Clementina; la subasta y adjudicación se realizó a la Cooperativa Cooproclem por 78,9 millones, quedando un saldo de 25 millones. Ahora los Noboa buscan recuperar la Clementina. Aunque el gobierno de Correa mantuvo este enfrentamiento con Álvaro Noboa, tuvo buenas relaciones con el Grupo Nobis, de Isabel Noboa, a quien le entregó el Puerto de Posorja.
En 2018, el Grupo Noboa acarreó una nueva deuda significativa: 71,1 millones de dólares, 29,9 millones de capital y 41,2 millones por penalizaciones. Pero con la famosa Ley de Fomento Productivo (2018), el Gobierno de Moreno condonó 41,2 millones USD a los Noboa, quedando un pendiente de 29,9 millones. A otros grupos se les condonaron también grandes montos: a Andes Petroleum (228,3 millones), OCP (194,4 millones), OTECEL (38,9 millones), Banco Pichincha (18,3 millones), Banco Guayaquil (6,3 millones), Odebrecht (4,5 millones) y la lista continúa.
Desde 2023, el Grupo Noboa quiere evadir su nueva deuda, lo que intentó con la Ley de Eficiencia Pública, aunque no permitía el perdón a los familiares de los funcionarios públicos. No obstante, una vez aprobada la Ley de Integridad Pública, Noboa presionó al SRI para que la deuda de la Exportadora Bananera Noboa baje de un monto que oscilaba entre los 93 y 98 millones a 21,7 millones de dólares, un autoperdón de 76,2 millones de dólares. ¡Vaya integridad presidencial! Estas condonaciones producen un desbalance en el Estado y requieren nuevos créditos como los del FMI. Un círculo vicioso.