Por Henry Izurieta
El Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia económica, otra ley, la quinta desde que Daniel Noboa se posesionó luego de su reelección, es la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que realiza cambios a la seguridad social, especialmente al Banco del IESS.
El fondeo
El artículo cuatro de la Ley del Biess, que habla de las operaciones que puede realizar este banco, ha sido modificado para que incluya dos nuevas actividades:
“4.2.3. Recibir, gestionar y/o aceptar: operaciones de reportos y créditos de entidades financieras nacionales o extranjeras. Para la instrumentación de estas operaciones, el Banco podrá utilizar y/o pignorar parte del portafolio de inversiones que administra.
4.2.4. Realizar operaciones de venta de cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria, de conformidad con la ley.”.
De esta manera se abre la posibilidad de que el banco, según sus directivos, reduzcan el alto porcentaje de cartera vencida que tiene el BIESS mediante su venta, así este indicador, que en el caso de los préstamos hipotecarios es elevado, el 12.55%, a junio de 2025, se reducirá. Sin embargo, esta medida que desde el punto de vista estrictamente técnico parecería positiva, tendrá importantes repercusiones sociales.
Vender la cartera, específicamente la hipotecaria y pignorar -es decir entregar los bienes- significa que el BIESS saldrá al mercado de valores a vender los documentos de los préstamos hipotecarios vencidos, es decir de aquellos afiliados que han dejado de pagar sus dividendos. La cartera vencida de préstamos hipotecarios asciende a $ 108 millones, que, sumados a la denominada cartera improductiva que asciende a $ 824 millones, afecta a unos 20 000 deudores.
La venta de estos documentos en el mercado de valores tiene dos consecuencias negativas. La primera es que en el mercado de valores no podrá obtener el 100% del valor en papeles que tienen, probablemente tendrá que conformarse con perder un 30%, o más, que los directivos del banco justificarán por el hecho, poco probable, de recibir el resto en efectivo, consiguiendo así “fondearse” quedando la gran interrogante sobre el destino de esos dineros, pues, la ley no define.
La segunda consecuencia negativa, y más grave, es que el nuevo dueño de esos documentos tomará todas las medidas posibles para cobrar los dineros, para tomar posesión de ellos, lo cual implica desalojos de viviendas que fueron compradas con esos préstamos, dejando en la calle al deudor y a su familia. En el caso extremo, unas 100 000 personas serían afectadas, profundizando los problemas sociales de por sí ya graves que vive el Ecuador.
Para entender esta situación hay que tener en cuenta que la enorme mayoría de deudores de préstamos hipotecarios, que están en mora, dejó de pagar sus cuotas debido a que perdió su trabajo. Antes de la pandemia el Ecuador ya vivía una situación de escaso crecimiento económico, de hecho, en el 2016 el país decreció en el 0.7%. El año de la pandemia la economía se redujo en el 9.2% y también se redujo en el 2024 en el 2%, lo cual ha traído, como una de sus consecuencias, la pérdida de empleo que es la principal causa para que los créditos hipotecarios se hayan dejado de pagar. Evidentemente, esta situación se complica, aún más, con la aplicación de políticas neoliberales que limitan la participación del Estado en la economía, reduciendo la inversión pública, uno de los principales factores que incrementa el empleo. En ese contexto, el sector privado no ha estado a la altura y no ha creado empleo, sin duda porque este sector también depende del sector público. Si bien las estadísticas no muestran esta realidad ya que el nivel de desempleo, según el INEC, no llega al 5%, sí se puede confirmar esta crítica situación con el alto nivel de subempleo y el bajo porcentaje de afiliación a la seguridad social.
En el futuro inmediato es de esperarse que la cartera vencida se incremente como consecuencia de los despidos que realiza el gobierno, ya que muchos de los funcionarios despedidos adquirieron créditos para comprar viviendas. Si el gobierno despide a unos 70 000 empleados públicos, para reducir en 1% los egresos estatales, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el problema del BIESS para recuperar la cartera vencida se profundizará, pero más el de los deudores cuyos papeles pertenecerán seguramente a un banco privado, que se encargará de desalojarlo de su vivienda.
Los procesos que el BIESS ha adoptado para tratar de solucionar el problema no han sido suficientes, tan solo un millón de dólares se ha logrado en lo que va de este año recuperar con los mecanismos de novación, refinanciamiento y reestructuración, pues, no tienen en cuenta la realidad descrita ya que pretende que el deudor moroso contrate un nuevo crédito capitalizando los intereses generados por la mora en que incurrió, lo que le llevaría casi a triplicar el monto total a pagar. Como han dicho los deudores, un “anatocismo oficial”, una práctica prohibida por la Constitución, pero ejercida desde la propia banca pública que, en este caso, contribuirá a agravar los problemas sociales que vive el país.
Elecciones de representantes
Esta ley cumple con la disposición de la Corte Constitucional que dispuso que sea el Ejecutivo quien defina el mecanismo de financiamiento de las elecciones universales de los representantes de los asegurados y empleadores al Consejo Directivo del IESS que, en la reforma a la Ley de Seguridad Social, se disponía que sea el ministerio de Finanzas que destine los recursos económicos para ese fin, lo cual fue impugnado por la presidencia de la República ante la Corte Constitucional que le dio la razón, pero le entregó a la propia presidencia la responsabilidad de definir el origen de los dineros necesarios.
En esta ley el Ejecutivo se va por el camino más fácil entregando al propio IESS la responsabilidad de ubicar los dineros.
En tales circunstancias, corresponde al Consejo Nacional Electoral elaborar el presupuesto y someterlo a consideración del Consejo Directivo del IESS, para concretar la mencionada elección y, así, corregir el grave problema de tener a un representante de los asegurados que ocupa ese cargo de manera dolosa.
Cabe analizar la posibilidad de que esta elección se realice en el mismo evento de la Consulta Popular que convocará Daniel Noboa.
Los fideicomisos y los fondos cerrados
En época del correísmo se crearon decenas de fideicomisos a lo largo y ancho del país, con el supuesto fin de construir viviendas entregado cerca de mil millones de dólares que en la mayoría de casos fueron mal invertidos o no concluyeron las construcciones. Luego se supo que fueron entregados a dedo a personajes cercanos al correísmo. En concreto, según el gobierno, podrían perderse unos $300 millones, mientras otros $ 100 millones están en riesgo y se debe tomar la decisión de cerrarlos o reactivarlos, para lo cual dispone que se liquide los fideicomisos que en 24 meses no logren alcanzar el punto de equilibrio y, por el lado opuesto, aportar hasta el 100% adicional a aquellos que lo logren. Sin embargo, falta la disposición de perseguir a los involucrados en manejos corruptos o irresponsables de los recursos que se dieron con la creación de estos fideicomisos.
También en época del correísmo se decidió pasar los fondos previsionales privados, como el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) a administración del BIESS, perjudicando a las organizaciones sociales o gremiales que en su momento los crearon.
Una disposición legal emitida luego de la salida del presidente Rafael Correa de su cargo, permitió que varios de esos fondos retornen a su modo de administración anterior, sin embargo, quedan otros que suman unos $ 310 millones, cuya administración genera una pérdida para el IESS y que por ello deben pasar a ser administrados por sus partícipes.
Otras disposiciones de esta ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia facilitan el nombramiento y destitución de directores en el IESS. Esta ley tiene el objetivo primordial de “fondear” al BIESS, pero a costa de graves consecuencias sociales, lo cual, contrasta con la disposición de la Ley de Transparencia Social que impide al IESS cobrar dineros que le deben las empresas públicas en liquidación. Se confirma que el instituto de los trabajadores es utilizado como ficha para las maniobras económicas del gobierno, pasando por alto y perjudicando los intereses y derechos de los asegurados