Arq. Juan Stalin Saltos Pico
Los instrumentos de planificación relacionados al ordenamiento del territorio que se vienen configurando desde el seno de los diversos Concejos Municipales en cumplimiento a las normativas vigentes establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo – LOOTUGS y su Reglamento donde en papel se debería fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras leyes que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador, en concordancia con las competencias concurrentes de los diferentes niveles de gobierno.
Pero estos preceptos legales en la práctica en la mayoría de los casos no cumplen con el objetivo ni la visión estratégica de la LOOTUGS ,a través de los Planes de Gestión y Uso de suelo ,y la Actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial los mismos que no han sido sintonizados con las necesidades básicas insatisfechas de los pobladores de las ciudades , el modelo de gestión enmarcados en los programas y proyectos que constituye la parte propositiva de los planes están alejados de solucionar los problemas candentes y de fondo que ocasiona el deterioro de las condiciones de vida.
Esto tiene su razón en la visión de quienes están en la dirección de la administración pública, y responde netamente a los interese de las clases dominantes, ejemplo de esto son las ordenanzas de la ocupación del suelo ,la interpretación no adecuada del COS ( Coeficiente de Ocupación del Suelo) y del CUS ( Coeficiente del Uso de Suelo ), lo que permite el monopolio para las inversiones inmobiliarias en zonas consolidadas donde los municipios que administran los recursos de la ciudad proveniente de sus rentas y de los tributos de sus habitantes han generado obra pública, aceras, asfalto, servicios de agua potable y saneamiento, dejando a otras zonas sin esas obras lo que permite tener barrios enteros en los cuales la obra básica no llega, lo cual desmejora las condiciones de vida de los ciudadanos de esos sectores , generando un mapa de valoración de suelo en donde se diferencia el costo del valor de la tierra, generando una plusvalía para los sectores consolidados apuntando a la desigualdad social.
Es concluyente y necesario la exigencia de todos los sectores organizados en el ámbito que los nuevos instrumentos sean democratizados lo cual permita la integración de todos los actores, con el objetivo de que las intervenciones en obra física lleguen a los sectores con mayores NBI, cumpliendo con lo establecido en el COOTAD para desarrollar territorios amigables y solidarios con los pobladores.