Por En Marcha
Alrededor de una tercera parte del presupuesto del Estado se destinará para el pago de la deuda externa, en detrimento de la inversión social y en obra pública.
¿Qué depara el 2026 para el país?, se preguntan millones de ecuatorianos al iniciar este nuevo año. Lamentablemente, hay más incertidumbres que certezas positivas: el 2025 no fue un buen año para los trabajadores y el pueblo, y todo indica que este tampoco lo será.
Al término de los doce meses precedentes, Ecuador cerró el año con un récord histórico de asesinatos —más de nueve mil—, cifra que confirma el fracaso de la llamada «política de seguridad y control a la delincuencia organizada» del gobierno de Daniel Noboa. De hecho, ni el propio presidente menciona ya el denominado Plan Fénix, que en la práctica nunca existió.
El año comienza con la misma receta fallida: la declaratoria de estados de excepción en varias provincias. No hace falta ser adivino para anticipar el resultado.
El problema, sin embargo, es aún más grave y complejo. El narcotráfico ha penetrado las cúpulas de instituciones del Estado, y las evidencias están a la vista: altos mandos y efectivos policiales y militares han sido descubiertos como integrantes o colaboradores de bandas de narcotraficantes y grupos delincuenciales. Algo similar ocurre en el sistema judicial; el caso de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, es un ejemplo. La institucionalidad burguesa ha estado corrompida desde siempre, y lo que hoy observamos es una nueva expresión de esa podredumbre estructural.
El país continuará sometido a los dictados y a los intereses de los dueños del capital internacional. Alrededor de una tercera parte del presupuesto del Estado se destinará para el pago de la deuda externa, en detrimento de la inversión social y de la obra pública. No habrá recursos suficientes para enfrentar la crítica situación que atraviesa desde hace meses el sistema de salud pública. Lo mismo puede decirse de la educación.
El riesgo de nuevos apagones se cierne sobre el país. La demagogia gubernamental en torno a supuestas soluciones para aumentar la capacidad energética estalló al conocerse millonarios sobreprecios en contratos con empresas extranjeras como Progen y AMT, en los que aparecen vinculados Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, y Roberto Luque, actual ministro de Transporte y Obras Públicas. Mientras tanto, Ecuador sigue dependiendo de la importación de energía desde Colombia, en un contexto marcado por el estiaje.
En septiembre pasado, Noboa decretó el aumento del precio del diésel. Las medidas “compensatorias” destinadas para los transportistas concluirán este febrero. ¿Se mantendrán? ¿Se elevará el precio de los pasajes? El alza de las tarifas del transporte provoca, inevitablemente, un incremento en el precio de los productos, lo que en los hechos significa una reducción del salario real.
Esos son apenas unos ejemplos de lo que depara este nuevo año. No para resignarse, sino para comprender que es necesario preparar nuevas luchas.