Por Francisco Escandón G
La huida de Ricardo Patiño, antes de que la fiscalía ecuatoriana logre su prisión preventiva, escandaliza al país. No es el primero y tampoco será el último prófugo, pero al parecer esa es una característica de la historia nacional.
La impunidad es parte de la genética de quienes han gobernado, salvo ciertas contradicciones inter oligárquicas que usaron el poder para perseguir a sus adversarios políticos, el sistema de perdón y olvido está naturalizado en las altas cúpulas.
Lo lamentable de la huida de Patiño es el delito que se imputa, ya que penalizar la instigación fue el arma del correísmo para silenciar y atemorizar a los opositores. A ese recurso antidemocrático apela el presidente y permite que sus antiguos coidearios hagan gala de defensores de libertades.
Existe peligro detrás de esa figura legal, más allá de la transitoriedad de la disputa oligárquica entre Moreno y su antecesor. Encausar a Patiño por instigación es una posible táctica para no procesarlo por sus verdaderos delitos y además deja la puerta abierta para que se judicialice y criminalice la verdadera lucha popular en oposición al neoliberalismo.
Al ex canciller se lo debe procesar por lo que hizo, no por lo que dice. Casi nada se ha hecho para investigar y sancionar su responsabilidad en los innumerables casos de corrupción, su participación en la violación de los derechos humanos, de los de la naturaleza y de las libertades públicas, su involucramiento en el tráfico de estupefacientes (narcovalija diplomática), etc.
Patiño, Correa y otros prófugos evadieron la justicia gracias a la influencia que conservan en el Estado, eso demuestra no sólo su poder, sino que están inconclusos los anhelos de la Consulta Popular que prometió descorreizar el país.
No son suficientes los recambios formales de designar a nuevas autoridades en los órganos de control y justicia, varios de ellos incluso fueron cómplices del régimen anterior.
Romper la argolla no es un problema de discursos, exige de un combate efectivo a la corrupción, de desmantelar las prácticas de una red burocrática que secuestra la función pública y de democratizar la elección de jueces, fiscales y controladores del poder estatal.